Dedicarse al ejercicio de la política en España es un verdadero chollo, pues los políticos, además de percibir un sueldo de 2.813,87 euros al mes y unos complementos que se les conceden en función del cargo ostentado para gastos de representación y de libre disposición por ser miembros de la Mesa o de la Junta de Portavoces, también perciben una indemnización mensual de 1.823,86 euros si el diputado reside fuera de Madrid, o de 870,56 euros si habita en la capital. Retribuciones inalcanzables para la media de los españoles currantes. Pero es que, además, gozan de una serie de privilegios envidiables. Veámoslo.

Un diputado español, tras tomar posesión de su cargo, recibe: un "smartphone" de última generación; una "tablet" con llamadas y datos gratis; un PC en su propio despacho; conexión a Internet gratis en su casa; un asistente; si no dispone de coche oficial, 3.000 euros anuales para gastos de taxis; viajan en clase preferente en avión, tren o barco; para manutención y alojamiento pueden gastar justificándolo 120 euros por día para viajes en territorio nacional o 150 diarios si el desplazamiento es al extranjero.

Pero aún hay más. Todos los diputados disponen de un despacho propio en el Congreso. Tienen asignado un determinado número de personas de su confianza para asistirles en el ejercicio de sus funciones. Se trata de un número variable dependiendo de los escaños obtenidos en su grupo político. Para 350 diputados hay 271 asistentes.

Cada grupo parlamentario dispone de una subvención fija de 28.597,08 euros mensuales, y otra variable en función del número de diputados, establecida en 1.645,49 euros mensuales por cada diputado.

Por si fuera poco, mientras que cualquier ciudadano para cobrar el total de la pensión que le corresponde debe cotizar durante treinta y cinco años, a los miembros del Gobierno les basta con tomar posesión de su cargo y acumular siete años de ejercicio para poder percibir la pensión máxima de jubilación.

Eso no es todo. Sus señorías también tienen derecho a percibir una indemnización económica por cese en el cargo, bajo la justificación de que la dedicación a la actividad política parlamentaria obliga a dejar su ocupación habitual, de modo que cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades. La indemnización consiste en el equivalente a una mensualidad por cada año de ejercicio en las Cortes y hasta un límite de veinticuatro mensualidades.

España es el primer país de la UE por número de cargos públicos que cobran una nómina de la Administración, ya sea central, autonómica o local. Se estima que podría haber mas de 450.000 en activo si se incluyesen asesores y cargos de confianza. Y esto en un país con casi cuatro millones de desempleados.

En conclusión. Es necesario una regulación tanto de políticos como de los privilegios que gozan y que podría ser: 1) El diputado estará asalariado solamente durante su mandato. Su jubilación se estipulará en función de dicho mandato. 2) Contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como cualquier otro ciudadano. 3) El diputado dejará de tener su actual seguro de salud a cargo del Congreso y estará sujeto al mismo sistema que el resto de trabajadores españoles. 4) Servir en las Cortes es un trabajo, no una profesión. Los parlamentarios deben cumplir sus mandatos no más de dos legislaturas y luego incorporarse a la vida laboral previa a su etapa de servicio público, si es que la tuvo; si no, al paro. 5) Eliminar instituciones obsoletas o duplicadas, como el Senado, diputaciones provinciales, cabildos insulares, etc. 6) Reducir el número de componentes políticos, asesores, cargos de confianza, etc., en las instituciones públicas, así como sus retribuciones y privilegios.