Las infraestructuras judiciales son pieza clave para el buen funcionamiento de la Justicia. Contar con infraestructuras que acerquen la Justicia a la ciudadanía, dando respuesta a sus demandas, exige la planificación de las obras necesarias, en todas las Islas, conforme a la realidad territorial de Canarias.

La planificación no ha de olvidar objetivos como la reunificación de sedes, la eliminación de alquileres con el consiguiente ahorro económico, además de la adaptación de las infraestructuras a los requerimientos del nuevo modelo de oficina judicial y fiscal, potenciando las estructuras y servicios comunes.

En base a ello está pendiente la remodelación, reforma o ampliación de sedes como el Instituto de Medicina Legal y el Palacio de Justicia en Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa María de Guía, Telde, Arrecife, Arona y La Laguna.

Asimismo, hace falta acometer nuevos edificios en Granadilla de Abona, Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de La Palma, Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife y la unificación en una sola sede de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz.

Sobre las nuevas construcciones existe coincidencia sobre la prioridad de las obras de Puerto del Rosario y las de Santa Cruz de Tenerife. En ambos casos el Presupuesto de la Comunidad Autónoma cuenta con créditos para la redacción de proyectos, pero como paso previo debe disponerse cuanto antes de las parcelas adecuadas.

En Santa Cruz de Tenerife el Gobierno de Canarias ha cambiado recientemente el modelo de Palacio de Justicia por un nuevo concepto de Ciudad de la Justicia, con la idea de concentrar, en un solo campus, varios órganos judiciales. Todos los informes técnicos, tanto municipales como del Gobierno de Canarias, concluyen que El Sobradillo es la única zona con suelo público adecuado y suficiente para su construcción.

Con cerca de 23.000 m2 disponibles, que permiten al menos setecientas plazas de aparcamiento y ahorrará miles de euros en alquileres, la parcela de El Sobradillo se revela como la alternativa más inmediata, la menos costosa y la de mayores posibilidades de crecimiento en el futuro.

La opción de continuar en Cabo Llanos supondría esperar años para poder disponer de suelo, porque requiere adquirir parcelas privadas además de la modificación del planeamiento.

Como es natural, decisiones de esta naturaleza suscitan reacciones diversas. En un reciente Pleno del Parlamento solicité al Gobierno que insista en la explicación de las ventajas y en la conciliación de posturas.

Hace falta una buena gestión del cambio para una obra que marcará el futuro de Santa Cruz, como ha sucedido en Valencia o Barcelona, donde la Ciudad de la Justicia se ubica en las afueras de la ciudad.

Cabo Llanos en los años 90 era el extrarradio de Santa Cruz, además de un amasijo de basura y chatarra. En pocos años ha cambiado totalmente su imagen, pero las posibilidades de crecimiento en la zona están limitadas.

La parcela de El Sobradillo se encuentra en un lugar estratégico, con un ramal de comunicaciones justo en la conexión con la TF2 y con conexión directa con la TF1, al sur, y la TF5, al norte. Esta zona se verá reforzada además con la ampliación de la línea 2 del tranvía, lo que contribuirá a su desarrollo económico y el empleo en una parte de la ciudad, castigada por el desempleo, que es tan ciudad como el mismo centro.

Las características de la parcela no precisan de un concurso de ideas, sino acometer, cuanto antes, la contratación de la redacción de un proyecto funcional con buenas zonas de aparcamiento.

Santa Cruz no está dispuesta a esperar más para resolver las necesidades que tiene la Justicia. Por eso confiamos en que el Gobierno logre poner en marcha este mismo año el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia, por el bien del interés general de la isla de Tenerife y de la ciudad de Santa Cruz.

*Diputada autonómica del Grupo Nacionalista Canario