El Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna (ULL) se quedó sin subvención hace cerca de un año, pero ha seguido prestando el servicio -a un precio más elevado- a alrededor de 140 niños con algún tipo de discapacidad o, simplemente, unas necesidades educativas distintas. El resto, hasta sumar los 200, han tenido que desistir porque no tienen recursos para ello.

El Gobierno de Canarias se comprometió a poner en marcha una red de atención temprana que cubriese las necesidades de estos menores. Según los profesionales que trabajan en el aula y los padres de estos menores, con los que se reunió este periódico, Canarias es la única comunidad donde no existe una red de este tipo, lo que en la práctica no es solo "una injusticia", sino una "vulneración" de los derechos del menor. Para diseñar esa estructura se puso en marcha una comisión de trabajo en la que participan profesionales de las tres consejerías implicadas, Políticas Sociales, Sanidad y Educación.

El Aula de Psicomotricidad de la ULL se creó hace 26 años casi por casualidad, pero para cubrir una demanda "que existía y sigue existiendo". Tras hacer una tesis que requirió que los docentes e investigadores de la Universidad trabajaran con menores con síndrome de Down, los padres solicitaron que el servicio continuara. Así, poco a poco, y casi sin proponérselo, aquella investigación se convirtió en un servicio. "Los médicos, de forma extraoficial, les dicen a los padres que acudan a nosotros", explica el coordinador del Aula, Miguel Llorca. "La mayoría de los padres podrían decir que por qué no les subvencionan un gabinete privado, pero es que la mayoría de los menores que tenemos llegan aquí derivados del sistema público. Los pediatras no tienen recursos y recomienda a los padres que traigan a sus hijos para que los evaluemos nosotros. Tenemos lista de espera".

Hace un año, cuando se eliminó la subvención, había unos 200 padres acudiendo con sus hijos al servicio. La ausencia de fondos hizo que los precios, que hasta septiembre rondaban los 40 euros, se incrementaran y que muchas familias tuvieran que renunciar. Desde marzo de 2016, cuando fueron informados del cambio, empezaron esta batalla que aún sigue. Ahora varía en función de las necesidades de atención que requiera cada menor -el Aula cuenta con 16 profesionales diferentes- y de si las sesiones son individuales o grupales, pero en muchos casos se ha duplicado la mensualidad. "Hay muchas familias que no pueden mantenerlo", explica José Juan Gavilán, uno de los padres.

"Hasta septiembre de 2016 la cuota era simbólica y no se cobraba por las evaluaciones, que ahora cuestan 240 euros", apunta Llorca. "Nosotros exigimos la subvención porque no hay un servicio público, pero lo que queremos es que se cree la red de atención temprana, igual que existe en cualquier comunidad autónoma".

La Fundación Autismo ha hecho un cálculo de cuántos centros se necesitarían como mínimo en las Islas para cubrir la demanda (unos 9.000 menores tienen discapacidad) y ha concluido que un total de 14. Ana Olmeda, otra de las madres, explica lo que significa la falta de prestaciones: "Muchos de los niños que no están recibiendo esa atención, en el futuro, en vez de estudiar y conseguir un empleo, dependerán de la Administración, serán adultos dependientes. No invertir de 0 a 6 años implica una inversión mucho mayor después, pero no lo piensan".