El Cabildo de Tenerife ha dado cierta luz a la controvertida situación del encauzamiento del barranco del Cercado, en San Andrés, y ha dejado abierta la posibilidad de que se pueda acceder al campo de fútbol, bloqueado por un conflicto con Francisco Albendín, un vecino de la zona.

El consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, manifestó ayer que el Consejo Insular de Aguas puede "garantizar" que los cinco metros de servidumbre del dominio paralelos al cauce del barranco que está encauzado estén "libres y expeditos" de cualquier tipo de obstáculo.

Es más, el organismo insular envió ya este martes a un vigilante para que comprobara si existía algún "impedimento físico" que impida el tránsito por ese espacio.

"La ley lo refleja así, para que pueda ser visitado por la autoridad competente, que en este caso es el Consejo Insular de Aguas, para verificar aspectos como el estado del barranco o el control del cauce", detalló.

"Debe haber un paso de un lado a otro, indistintamente de quién sea el propietario, incluso un privado, que no puede construir ni impedir a la Administración pasar por esos cinco metros de franja de servidumbre", añadió.

Martínez recordó que la autorización concedida al Ayuntamiento de Santa Cruz para que ejecutara las obras de encauzamiento del barranco, paralizadas desde 2015 por una decisión judicial, finaliza en agosto de 2017. "Entiendo que se podría ejecutar ese trozo de encauzamiento. A día de hoy no hemos visto ningún impedimento para que se pueda ejecutar", dijo el consejero de Aguas, quien, no obstante, indicó que "desconoce" los problemas que puedan existir entre el consistorio y la empresa que debía urbanizar la zona -Desurcic-.

Hace unos días, y en una reunión que se desarrolló en la sede de la Corporación insular, representantes del Consistorio de la capital trasladaron a los técnicos del Cabildo la propuesta técnica con la que pretendían desbloquear el problema del barranco de El Cercado. Esa misma propuesta fue comunicada a la directiva del equipo de fútbol de San Andrés.

Martínez advirtió de que si antes de que finalice 2017 no se ejecuta esta actuación, el Consejo Insular de Aguas, junto con el Ayuntamiento de la capital, "buscarán la solución", que puede ser "ejecutarla subsidiariamente y cobrarle al que no lo ha hecho".

El consejero de Aguas avanzó que se reunirá en próximas fechas con representantes del consistorio para abordar de nuevo este asunto.