El New York Times destripó la supuesta neutralidad e imparcialidad de la prensa española con un juicio de intenciones tan realista como acertado: "Los medios de información, bajo la presión del gobierno y la deuda". Traducido al lenguaje coloquial viene a decir que la falta de independencia, la sumisión a los intereses políticos, el control de los acreedores y la Ley Mordaza son el detonante del estado actual de una prensa que habla de libertad en un marco donde los lectores son meros contribuyentes. Hablar de libertad de prensa en nuestro país es lo más cercano a ver burros volando, una aspiración que no tiene razón de ser desde el momento en el que la vocación pública se solapa con la acción privada; algo lógico para sustentar cualquier empresa. En España no existe independencia y los ejemplos demuestran una vez más que ninguno puede considerarse el hacedor de la libertad. Los diferentes gobiernos manipulan la información y eligen qué puede publicarse y cómo debe exponerse a la sociedad, no solo en el ente público, sino también en algunos medios donde las subvenciones y las contrataciones de publicidad alimentan a la plantilla. El Partido Popular decidió hacer desaparecer de la televisión pública a Toni Garrido y a Ana Pastor, dos periodistas que cometieron el delito de hacer su trabajo, consecuencia que se paga. Otro caso llamativo fue el despido de Yolanda Álvarez por su manera de contar la guerra entre Israel y Palestina. Ignacio Escolar tuvo que abandonar la cadena Ser por las publicaciones realizadas sobre Juan Luis Cebrián, que le ocasionaron un problema que viene a dar cuenta del control que desde las jerarquías de la información se realiza sin reservas. Luego, cientos de casos de periodistas independientes y menos mediáticos que se enfrentan a juicios y penas de cárcel por informar de lo que al poder no le interesa que se sepa, amparándose en leyes como la Mordaza o subterfugios legales de dudosa credibilidad. En España la cosa no pinta bien, pero el periodismo se enfrenta a situaciones mucho más perversas y peligrosas, como la que se vive en Turquía. Cerca de diecinueve periodistas y empleados del diario turco de oposición Cumhuriyet pueden ser condenados a penas de cárcel de entre siete y medio y cuarenta y tres años de prisión por el mero hecho de dar luz a las atrocidades cometidas por el gobierno de Erdogan. Tal y como informa Reporteros sin Fronteras, el fiscal acusa a diecinueve periodistas y colaboradores del diario turco de oposición Cumhuriyet de "pertenencia" o "apoyo" al movimiento del predicador Gülen, señalado por las autoridades como responsable del intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016; al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), y al grupúsculo de extrema izquierda DHKP / C. Turquía es solo un ejemplo más del riesgo de informar en un país que ha cerrado 150 medios de comunicación, 2.300 periodistas en paro, la retirada del carné de prensa a 700 informadores y el encarcelamiento de otros 40. En lo que llevamos de 2017, 6 periodistas han sido asesinados en diferentes países, mientras que 201 han sido encarcelados. La sociedad les debe una a todos aquellos que arriesgan la vida por informar.
@LuisfeblesC