Analizando la tendencia de los pliegos de licitación desde el inicio de la crisis a esta parte, desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos hacemos una seria reflexión acerca de la política de contratación seguida por las diferentes administraciones.
El comienzo de la crisis supuso, entre otras, una drástica reducción de los importes acordados en el Convenio de Carreteras firmado entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, además de una disminución progresiva en los presupuestos autonómicos en esta materia, con afección directa a Cabildos y Ayuntamientos, además del resto de empresas públicas dependientes de aquellos.
Efectivamente, antes de la recesión económica, que se inició en el año 2009, los criterios de adjudicación de obra pública y de asistencias técnicas para redacción de proyectos y direcciones de obra tenían en cuenta, además de la oferta económica, otros posibles méritos: experiencia en obras o proyectos similares, personal técnico e instalaciones, oficinas en la isla, mejoras en el contrato, etc.
Inmersos en la coyuntura descrita, las administraciones públicas variaron progresivamente los criterios de valoración para la adjudicación hasta quedar prácticamente eliminado todo criterio que no fuera el puramente económico, circunstancia que se mantiene hasta la actualidad. Para ello las sucesivas leyes de contratos del sector público disponían y disponen de tipologías de contratación "ad hoc" que han permitido que casi la totalidad de los concursos públicos se conviertan en meras subastas (efectivas o encubiertas) o simplemente se ofertan a través de procedimientos negociados sin publicidad, donde el único criterio de negociación es la oferta económica a doble o incluso triple vuelta lo que conlleva bajas económicas que rondan habitualmente el 40% sobre el presupuesto inicialmente ofertado.
El resultado estadístico arroja unas bajas económicas medias ofertadas superiores al 35% y que alcanzaron hasta el 58,90%, en algún caso concreto respecto al tipo ofertado.
A la vista de lo anterior, las consecuencias inmediatas serán que la calidad de la obra a ejecutar o del proyecto a redactar o dirigir se vea seriamente comprometida al disponer el constructor o consultor adjudicatario de unos medios muy limitados para su ejecución y, en segundo lugar, que se sitúa a los pies de los caballos a los técnicos de la administración responsables de la supervisión de la obra o el proyecto que deberán asumir las limitaciones señaladas.
La grave crisis que atraviesa la obra pública desde hace años ha dinamitado el sector de la construcción en la provincia, eliminando prácticamente el cliente privado y dejando como única vía de contratación las licitaciones ofertadas por las administraciones públicas que, con prácticas de contratación como las que denunciamos en esta nota, hacen inviable la continuidad a corto plazo del gremio.
Está en la mano de los dirigentes políticos y de los funcionarios redactores de los pliegos de contratación revertir urgentemente esta forma de actuar, ya que de otro modo los profesionales de la provincia tendrán como única vía de escape el traslado fuera de las Islas.
Por tanto, desde la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santa Cruz de Tenerife hacemos un llamamiento a las administraciones para que prime también la calidad de las propuestas de los licitadores y no exclusivamente la oferta económica, como ha venido ocurriendo hasta ahora.
*Decano de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de S. C. de Tenerife