Sin dejar de reconocer la "complejidad" que entraña la resolución definitiva del problema de la montaña de Taco, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín, dijo ayer que "toca" que el consistorio "lidere" la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía a las empresas que realizan vertidos ilegales en este espacio.
Martín recordó, en la comisión de control de ayer, que durante su etapa como edil de Urbanismo se logró parar la actividad de extracción, pero se ha mantenido el machaqueo y se han sumado vertidos y quemas ilegales.
"Una ilegalidad manifiesta", sentenció el portavoz de Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila, quien se quejó de la "negligente actividad" de la Administración, "pues los expedientes que se abren no concluyen en una resolución". En este sentido, aseguró que una de las licencias con las que cuenta una de las empresas que opera en la montaña puede ser declarada nula, y alertó de que existe "una posibilidad cierta" de que se pierda la financiación del proyecto europeo DUSI.
"No hay capacidad del grupo de gobierno para poner un punto final a los vertidos", añadió, por su parte, Ramón Trujillo (IU).
El edil de Urbanismo, Carlos Garcinuño, detalló que se ha ordenado el cese inmediato de las actividades de una de las empresas y se ha abierto un procedimiento sancionador, y recordó que hay una causa abierta con funcionarios de la Gerencia implicados. También subrayó que "no podemos errar" en la tramitación de los procedimientos "porque daremos oportunidades para que estas actividades no cesen".
El otro asunto que generó un intenso debate en la sesión de ayer tuvo como protagonista la construcción del nuevo edificio judicial. La defensa clara de Tíncer como futura sede realizada por CC y PP encontró dudas y rechazos -no tajantes- en la oposición. José Ángel Martín dijo que aprecia "ventajas y desventajas" en Cabo Llanos y el Suroeste, pero se extrañó de la elección de Tíncer cuando lo acordado era lo contrario, y, además, más económico: 60 frente a 110 millones.
Ramón Trujillo, mientras, indicó que hay opciones que no se han contemplado, y defendió los servicios que existen en el entorno de Cabo Llanos.
Pedro Arcila sostuvo que desde el PGO de 1992 se abogaba por "centralizar" en Cabo Llanos los servicios públicos, aspecto que acentúa el PGO de 2013, que fija en esta zona el nuevo Palacio de Justicia.
Y Evelyn Alonso (Cs), en coincidencia con el resto de grupos, cuestionó la falta de información de los agentes implicados.
Precisamente, el colectivo Justicia y Sociedad rechazó también ayer el traslado de la ciudad de la Justicia al Suroeste y dijo que hay "cuatro" alternativas en Cabo Llanos.
El concejal de Urbanismo de la capital, Carlos Garcinuño, asegura que en la Gerencia hay unos 17.000 expedientes de disciplina urbanística abiertos, muchos de los cuales pueden haber prescrito. Según detalló, el departamento que dirige recibe una media diaria de cuarenta denuncias "de todo tipo", que sí están al día.
Garcinuño avanzó al respecto que para "limpiar" estos expedientes la Gerencia va a sacar a concurso un servicio de asistencia técnica, por año y medio y unos 200.000 euros, al que se sumarán también otros medios como cinco coches nuevos que permitirán al personal de la Gerencia tener más presencia en la calle.
Plan para Méndez Núñez
El Ayuntamiento de Santa Cruz prepara un plan de actuación "específico" para los comerciantes del tramo de la calle Méndez Núñez afectado por las obras de mejora. Las acciones serían para la zona comprendida entre la plaza Fernando Pessoa y la Rambla de Santa Cruz, y contienen medidas de dinamización y ficha financiera por determinar. Así lo avanzó el edil de Infraestructuras, José Alberto Díaz Estébanez, durante la comisión de control. "Está actualmente en fase de redacción por parte de la Sociedad de Desarrollo", dijo el edil, al que los grupos de la oposición afearon aspectos como la falta de información a los vecinos y las dificultades para que personas con movilidad reducida transiten por la zona de obras.
Servicio de menores
Los grupos de la oposición criticaron ayer la decisión de la Concejalía de Atención Social de "privatizar" -sacar a concurso público, según el edil Óscar García- los servicios de día para menores de los distritos Ofra-Costa Sur y Suroeste. García argumentó que la decisión obedece a que el convenio con el IASS expira en 2017 y que no se puede prorrogar desde el punto de vista legal. Opinión contraria a la que aportaron José Ángel Martín (PSOE) y Asun Frías (Sí se Puede), que defendieron que era posible ampliarlo cuatro años más. Frías abogó por que el IMAS asumiera la gestión de este servicio, mientras que Martín habló de "decisión política". Al final, García reconoció que no había acuerdo entre técnicos del IMAS y del IASS.
Parque Viera y Clavijo
El borrador de convenio para rehabilitar el parque Viera y Clavijo está pendiente del informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, según informó ayer el ayuntamiento al grupo socialista. El borrador recoge, entre otros aspectos, que la redacción del nuevo proyecto la hará el Ejecutivo y que el presupuesto estimado -obra más nueva redacción- rondará los 10 millones de euros. La licitación de los trabajos se hará en tres fases: edificio principal, teatro y jardines.