Santa Cruz de Tenerife
A BABOR FRANCISCO POMARES

Resistencia

21/abr/17 6:17 AM
Edición impresa

Después de un importante despliegue por medios de comunicación y redes sociales, un grupo bastante representativo de lo que es la administración de justicia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ofrecerá hoy una conferencia de prensa para explicar su oposición a la decisión del Gobierno de Canarias de ubicar la futura Ciudad de la Justicia en una parcela de El Sobradillo, barrio del suroeste chicharrero, en pleno desarrollo y expansión urbanística, con una gran concentración de población. La decisión del Gobierno regional no parece un capricho: ha sido respaldada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y responde a la falta de espacio en las inmediaciones del edificio actual de los Juzgados, en la avenida Tres de Mayo, y a una razonable voluntad de facilitar la atención a los ciudadanos, integrando todos los servicios de la Justicia en una misma ubicación, tendencia que se asienta en la mayoría de las grandes ciudades. La ausencia de solares usables en la zona actual de los Juzgados limita las opciones de expansión e impide albergar en un solo edificio todos los órganos que sí podrán ser agrupados en El Sobradillo, en un extenso solar con capacidad para aparcamientos lindante con la TF-2, la principal vía de conexión de las autopistas del norte y sur de Tenerife.

A pesar del extraordinario rechazo al cambio y la movilización de parte de los interesados y de sus representaciones -incluyendo alguna de las Asociaciones de Jueces y el propio TSJC-, lo cierto es que la nueva ciudad judicial tardará como mínimo ocho años en estar disponible. Con el colapso real del actual edificio y el hacinamiento en algunos juzgados, situados en los sótanos del edificio principal o en edificios claramente inadecuados -los juzgados de lo social por ejemplo-, no parece en absoluto razonable seguir retrasando por más tiempo la adopción de una decisión que ya llega tarde.

La resistencia de los jueces y funcionarios al cambio de ubicación es perfectamente legítima. Es comprensible que prefieran seguir en una zona que consideran más céntrica y señorial, al lado de centros de ocio y de grandes almacenes. Pero su posición, por ser legítima, no tiene por qué resultar determinante: en ella intervienen factores de costumbre, comodidad y probablemente también de estatus corporativo, además de un concepto un poco arcaico de lo que es el centro de una ciudad como la nuestra, hoy en permanente expansión hacia el suroeste. Ha dicho algún representante de los jueces que la decisión de llevar las futuras instalaciones a El Sobradillo supondrá graves molestias para los ciudadanos que tendrán que desplazarse allí. Yo no lo creo. Esas supuestas incomodidades no son distintas ni mayores de las que implica desplazarse a los dos grandes hospitales de Tenerife, instalados en la periferia urbana, ni tampoco puede sostenerse que quienes acuden a los juzgados sean preferentemente vecinos del casco urbano santacrucero. Probablemente, para muchos ciudadanos sea un alivio que la Ciudad de la Justicia esté en El Sobradillo. Lo que deberían hacer los funcionarios es exigir mejoras en la comunicación, el acceso y las rutas del transporte público. En ocho años pueden ejecutarse esas mejoras. Les guste o no a los funcionarios de justicia, jueces incluidos, la futura sede de los tribunales de Santa Cruz de Tenerife no debe construirse donde no cabe -entre el Auditorio, el Corte Inglés y el Centro Comercial Meridiano- sólo porque a ellos les resulte más cómodo que esté ahí.