La vista oral con jurado por un caso de homicidio por omisión que tuvo lugar en el barrio de Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife, comenzará hoy en la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide 20 años de prisión para cada uno de los tres acusados: los hijos de la anciana presuntamente abandonada, J.R.Ll.A. y A.A.Ll.A. y la esposa del primero, M.N.G.R..

En el relato de los hechos, la Fiscalía apunta que el matrimonio y su hijo residían desde 2008 en la vivienda que fue siempre de la fallecida. La anciana disponía de una pensión de viudedad de 636 euros, con la que vivían sus dos hijos y respectivas familias, que estaban en ambos casos en paro y sin derecho a cobrar las ayudas al desempleo. Su hija vivía en La Laguna y tenía a su cargo a un hijo con minusvalía, por el que recibía una pensión no contributiva.

La anciana padecía desde el año 2000 una serie de enfermedades, entre ellas osteoporosis, incontinencia urinaria y adicción a benzodiazepinas y también intentó suicidarse en dos ocasiones. Aunque estaba en tratamiento en el centro de salud de Los Gladiolos, desde finales de 2010 hasta principios de 2013, no acudió al mismo. En este última ocasión, lo hizo debido a que se llevó a cabo una revisión después de que los familiares pidieran ayudas a la dependencia.

En noviembre de 2013 la anciana fue ingresada por encontrarse úlceras de decúbito sobreinfectadas y desnutrición con un deterioro progresivo general por encamamiento, además de un deterioro cognitivo progresivo por demencia. Fue dada de alta el 12 de diciembre, momento en el que fue trasladada en ambulancia a su domicilio y quedó encomendada al cuidado imprescindible por su salud física y mental del matrimonio que residía en la vivienda y de su hija, que acudía cada dos o tres días.

El fiscal apunta que se unió el deterioro progresivo de la anciana y la falta de interés de sus familiares en cuidarla. Este abandono se plasmaba en hechos como dejarla continuamente en la cama sin ni siquiera sentarla, ni usar la silla de ruedas de la que disponía, ni sacarla de la vivienda. La víctima tenía asistencia sanitaria gratuita, que incluía medicamentos, gasas, pañales y otras atenciones básicas y que nunca se solicitó su ingreso en un centro adecuado. La Fiscalía estima que la mantuvieron en "un total abandono y despreocupación" dejando de alimentarla mínimamente, cuidarla, asearla, curarle las heridas e incluso sin limpiar su habitación. Las acusaciones apuntan a que existió dejadez al no llevarla nunca al cercano centro de salud para ser valorada por los médicos, modificar o ajustar el tratamiento, hacerle revisión alguna, de manera que su familia se limitaba a repetir la misma medicación.

El fallecimiento tuvo lugar el 26 de agosto de 2015, aunque no se dio conocimiento a los familiares hasta dos días más tarde, según trascendió.