El movimiento que representa a 11.000 trabajadores de toda Canarias, repartidos en 27 categorías, Asamblea 7 Islas, denunció que los problemas de la sanidad pública del Archipiélago se deben a la masificación de la demanda asistencial, las infraestructuras inadecuadas o inexistentes y la falta de personal fijo.
Según Asamblea 7 Islas, estos datos se extraen de "un estudio realizado con la colaboración de cientos de trabajadores de los Grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud (SCS)", quienes han "coincidido" en que estos son los tres pilares en los que se asienta el problema de la sanidad.
"Una vez más, podemos comprobar que, para combatir las listas de espera, volvemos al conocido como plan de choque, con notorios fracasos anteriores", incide la asamblea. "Viene a confirmarse la realidad por la ascendente masificación [...] con tiempos de espera superiores a dos semanas en centros de Atención Primaria y de hasta seis meses, como media, para centros de Atención Especializada".
En cuanto al personal, Asamblea 7 Islas afirma que, "ante la ausencia de norma fundamental de regulación, el SCS se inunda de pequeñas normas reguladoras e instrucciones de carácter local que van desdibujando cada vez más la situación legal de los trabajadores". Por último, insistieron en que "muchos centros sanitarios necesitan reformas urgentes, pues las infraestructuras necesarias son inexistentes o inadecuadas".
El movimiento asambleario aseguró que, en una reunión mantenida con el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, y el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, ambos "estuvieron de acuerdo" con este diagnóstico y se "comprometieron a acometer respuestas correctoras directas".
Tras mostrarles el análisis de la situación, Asamblea 7 Islas les propuso diecisiete puntos en los que la Consejería debería incidir para mejorar la situación de la sanidad pública de Canarias. Entre ellos, destaca "establecer límites de demora en la atención sanitaria", "implicar a los profesionales y ciudadanos con instrumentos de participación", "realizar auditorías y estudios económicos que indiquen dónde y por qué se gasta" o que las "infraestructuras tengan unas condiciones óptimas y se aseguren con planes preventivos y correctivos".