La Agencia Tributaria reclama al Ayuntamiento de Granadilla de Abona la devolución de los 2,5 millones de un préstamo otorgado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la subvención de 251.120 euros aportada por el Ministerio de Industria para materializar el proyecto "Reindustrialización y potenciación de la actividad industrial en Granadilla (Rypaig)". Se trata de un vivero de empresas cuya obra debió concluir en 2012 en el Polígono Industrial Granadilla de Abona y que cinco años después sigue inconclusa. A estas cuantías se suman los intereses, por lo que el consistorio tiene que devolver al Gobierno central 3,5 millones.
"Aquellos que tanto han alardeado de la maravillosa senda socialista son los mismos a los que todos los vecinos les tenemos que agradecer este varapalo a las arcas municipales", aseguraba el alcalde, José Domingo Regalado, quien responsabilizó directamente a "la ineficacia y la dejadez del presidente y consejero de Grasur (empresa municipal que promovió el proyecto), el concejal Juan Rodríguez Bello", y al entonces alcalde, Jaime González Cejas. "Una situación gravísima con consecuencias directas para el municipio, que recaerán directamente sobre los ciudadanos y cuya responsabilidad es del gobierno anterior", concluyó el regidor.
Juan Rodríguez, portavoz del PSOE, responsabiliza al presidente de la empresa pública municipal Grasur, José Domingo Regalado, de "la nefasta gestión del expediente" y acusa al portavoz de CC, Jacobo Pérez, de "mentir de forma descarada para esconder su incompetencia como gestor público".
Juan Rodríguez afirma que en noviembre de 2016, casi dos meses después de la moción de censura que colocó a CC en la Alcaldía, el Ministerio de Industria notificó la resolución de reintegro de la subvención y el préstamo. "No fue recurrida en tiempo y forma por CC, lo que supone una dejación de funciones que obliga tanto a la devolución inmediata del préstamo y de la subvención como al pago de más de medio millón de euros en concepto de recargo de apremio".
El concejal afirma que el PSOE "dejó la obra adjudicada en agosto de 2016 para su puesta en funcionamiento a finales del mismo año, pero fueron incapaces de esgrimir estos argumentos ante el Ministerio de Industria para paralizar el expediente de devolución".
El portavoz socialista anuncia que su grupo solicitará la constitución de una comisión de investigación que dirima las responsabilidades que procedan y exige "la dimisión inmediata de Jacobo Pérez por mentir" cuando afirmó que ni había expediente, ni contratación, ni obra en marcha, "cuando la misma (la fase 3) fue adjudicada desde agosto de 2016".