El Gobierno de Canarias estudia "en detalle" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula parte del decreto que regula el alquiler vacacional en las Islas, una normativa que no modificará hasta que no finalice el proceso judicial. Fuentes de la Consejería de Turismo confirmaron ayer el "compromiso" del Ejecutivo en la revisión del reglamento, pero advirtieron de que no es prudente hacerlo mientras queden por dictarse las sentencias correspondientes a los tres recursos aún pendientes y, por lo tanto, hasta que no se conozca la "posición global" del tribunal.
La Consejería confía en que estos fallos judiciales se hagan públicos en las próximas semanas. No obstante, el Gobierno mantiene abierta la vía de presentar un recurso de casación contra la sentencia del TSJC si las que restan por emitirse se demoraran más allá del plazo de un mes con el que cuenta la Administración autonómica para recurrir.
La primera sentencia sobre el decreto aprobado por el Ejecutivo canario en los últimos momentos de la pasada legislatura deja sin efecto los aspectos más controvertidos del reglamento: la exclusión de las viviendas vacacionales situadas en zonas turísticas y la prohibición del alquiler por habitaciones ("bed & breakfast"). El fallo del TSJC atiende los argumentos esgrimidos por Fevitur (Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos Turísticos) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Entre los recursos que aún no han sido objeto de sentencia se encuentra el de Ascav (Asociación Canaria del Alquiler Vacacional), entidad de propietarios e intermediarios de viviendas turísticas del Archipiélago, cuya presidenta, Doris Borrego, calificó de "contundente" el pronunciamiento del TSJC, aunque también advirtió de que las alegaciones de su entidad están "más fundamentadas", lo que le hace concebir esperanzas de que el tribunal las asuma en aspectos que esta primera decisión judicial ha desestimado. "Nuestra demanda es más extensa", recalcó.
"Lo que hay que preguntar al Gobierno es si piensa seguir dilapidando recursos para beneficiar al lobby hotelero o va a permitir que todos los canarios nos beneficiemos del turismo", planteó la presidenta de Ascav sobre la posibilidad de que el Ejecutivo recurra esta primera sentencia. Para la asociación, es "triste" que sea la Justicia la que marque a la Administración la revisión del decreto, cuando el Gobierno se comprometió a hacerlo de forma "inminente" desde "el minuto uno".
Carmen Suárez, presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la provincia -personado en el recurso de Ascav-, celebró que la sentencia acepte "prácticamente todas" las pretensiones del colectivo, al tiempo que confió en que el Gobierno no recurra la sentencia y modifique la normativa.
Ashotel ve riesgos para el empleo y la calidad
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) advirtió ayer, a través de un comunicado, de "posibles efectos adversos" que puede acarrear la aplicación de la sentencia del TSJC que permite la vivienda vacacional como nuevo producto turístico en las zonas turísticas y mixtas.
Según la patronal, la proliferación de esta nueva modalidad puede afectar al sistema clásico del turismo que se desarrolla en el Archipiélago desde hace décadas y que "tan buenos resultados ha tenido para el bienestar de la sociedad canaria".
Ashotel asegura no tener dudas de que la promoción turística se orientará a partir de ahora hacia el alquiler vacacional, "que exige muchísimos menos requisitos de garantía de calidad, excelencia, empleo o seguridad que los exigidos para productos como el hotelero y extrahotelero", alerta.
Estos requisitos "no contemplan una regulación del empleo a través de los correspondientes convenios colectivos y de empresas, ya que estas viviendas se comercializan de manera individual y no requieren plantillas de trabajadores", puntualiza la patronal hotelera.