La diputada de Nueva Canarias Esther González ha denunciado hoy los reiterados incumplimientos del Gobierno de Canarias en su deber de contestar a las preguntas por escrito de los diputados y de facilitar la documentación que demandan, una situación que ha llevado a algunos parlamentarios de la oposición a plantearse recurrir al Comisionado de la Transparencia o a los tribunales.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, ha comparecido en comisión parlamentaria para dar explicaciones sobre estas quejas y ha admitido las deficiencias, aunque ha subrayado que no es un problema nuevo, sino que se repite todas las legislaturas, si bien se ha comprometido a intentar mejorar en la medida de lo posible.

La diputada Esther González ha recopilado datos sobre los incumplimientos del Gobierno, que revelan que, desde el inicio de la legislatura hasta marzo de este año, el 74% de las 3.910 preguntas por escrito y solicitudes de información o documentación remitidas al ejecutivo por los diputados han sido contestadas fuera del plazo legal de un mes.

Solamente el 12% de las preguntas son contestadas en el plazo legal y hay un 14% que aún no han sido respondidas.

La gravedad del asunto no es solo que el Gobierno incumpla la ley, sino que priva a los parlamentarios de su derecho a controlar al ejecutivo y a recabar información, y con ellos se conculcan los derechos de los ciudadanos a los que representan, denunció Esther González.

La diputada del PSOE Ventura del Carmen Rodríguez acusó al ejecutivo de "intentar zafarse de la obligación de dar cuenta de su gestión", para lo cual "no hay excusas", aseguró.

Sin embargo, Socorro Beato, de CC, aseguró que no hay ninguna voluntad de obstaculizar al Parlamento, sino un problema de sobrecarga administrativa por la creciente actividad que hay en la cámara.

Luz Reverón, diputada del PP, denunció que el Gobierno está obstaculizando el derecho fundamental de los diputados, sea "a sabiendas o no", y advirtió de que "hay vías judiciales", ya sea el contencioso administrativo o el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, a las que no sería deseable tener que llegar.

La diputada de Podemos Asunción Delgado subrayó que el plazo de un mes para contestar es improrrogable y advirtió de que los parlamentarios podrían llegar a pedir el amparo del Comisionado de la Transparencia ante las faltas reiteradas del Gobierno.

El consejero José Miguel Barragán justificó el retraso en algunas solicitudes de información en el volumen de documentación que se reclama y admitió que hay retrasos en la contestación de preguntas que en algunos casos son inadmisibles.

Por eso ha dado instrucciones para que se conteste con inmediatez a las que quedan pendientes del año pasado.

Indicó que el Gobierno se ha dotado de un programa informático para llevar el control de las preguntas parlamentarias con el fin de agilizar todo el proceso y se comprometió a mejorar en la medida de los posible.