La Guardia Civil desarticuló una trama que usurpaba propiedades inmuebles para su posterior venta, tras detener a 17 personas, la mayoría en la provincia de Las Palmas, entre las que figuran dos notarios, así como abogados, gestores inmobiliarios y funcionarios del Catastro.

Según el Instituto Armado, los 17 acusados, 11 hombres y 6 mujeres, fueron arrestados en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Palma de Mallorca y Ávila entre los pasados meses de febrero y marzo. Todos quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas, que coordinadó la operación.

La desarticulación de esta trama, denominada Atino, se llevó a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil, después de que una persona denunciara en 2015 un intento de usurpación de una propiedad ubicada en Fuerteventura mediante la alteración de los datos catastrales, al conocer la operación Lindes que se saldó con la detención de tres funcionarios del Catastro en Las Palmas.

A los investigados en esta trama se les atribuye delitos de falsedad documental, integración en grupo criminal, blanqueo de capitales, coacciones, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho, según la nota, que precisa que las propiedades afectadas están valoradas en más de 13.000.000 de euros.

Tras la citada denuncia de 2015, se detectaron irregularidades en cambios de titularidad de propiedades que efectuaba un funcionario del Catastro de la provincia de Las Palmas, que colaboraba supuestamente con una gestoría dirigida por un funcionario en excedencia de este departamento, y dos ramificaciones de la trama en Lanzarote y Fuerteventura que actuaban de forma autónoma.

Según la Guardia Civil, la red redactaba documentos de compraventas privadas y notariales fraudulentos, al objeto de arrebatar las propiedades inmuebles (fincas rústicas en su mayor parte y también urbanas) a sus propietarios para incorporarlos al patrimonio de los integrantes o venderlos a terceros.

Para la selección de las propiedades, se estima que el grupo manejaba información privilegiada obtenida ilícitamente de bases de datos catastrales, señala la nota, que precisa que entre los perjudicados localizados figuran 23 colectivos tanto instituciones como asociaciones (familiares o del ámbito privado) y 21 particulares.

La Guardia Civil no descarta que haya más perjudicados debido al tiempo que ha estado operando esta trama. La intervención se hizo en cuatro fases, desde la primera iniciada el 14 de febrero en Fuerteventura, en la que se detuvo a cuatro personas, y la cuarta y última llevada a cabo en marzo en Las Palmas.

Apresado en Palma

Los agentes apresaron en Palma de Mallorca a una persona relacionada con la rama de Fuerteventura y que había cambiado previamente su residencia. El día 21 de marzo se arrestó en Ávila al primer notario supuestamente implicado, que ejerció en Fuerteventura, y el 23, al segundo, que fue detenido en Lanzarote. La última detención se llevó a cabo el pasado día 28 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria.