El juicio de la ramificación de la operación Gladio en Tenerife culminó ayer con el acuerdo aceptado entre las partes y la Fiscalía de imponer dos años de prisión para cinco acusados y la suspensión de la pena. El Ministerio Público pide cuatro años y medio para S.C.G.C., el supuesto cabecilla de esta red que introducía drogas duras en la Isla y el único que no aceptó su culpabilidad. El fiscal defendió ayer la legalidad de las escuchas telefónicas que dieron lugar al inicio de la investigación en 2010 y a las posteriores detenciones. Apuntó a la culpabilidad de S.C.G.C., que se basa en las llamadas interceptadas y que está en prisión por otras causas de narcotráfico.

Indicó que el error de los acusados fue pensar que nadie iba a entender el idioma original de Guinea que hablaban. Considera que no se da ningún supuesto para anular la causa y por el contrario todo apunta a la existencia de un delito contra la salud pública a través de una red de correos humanos. En total, fueron procesadas ocho personas y la esposa de S.C.G.C. está en paradero desconocido.

La Fiscalía admitió que la intervención por videoconferencia de uno de los acusados dio lugar a malentendidos, criticados por la abogada de S.C.G.C. El fiscal afirmó que lo conocía de otros procedimientos y que siempre defendía su inocencia, pero lo considera "un profesional" del tráfico de drogas y cree acreditada su culpabilidad.

La abogada del supuesto cabecilla recordó que, según el Derecho Penal, hacen falta indicios sólidos sustentados en pruebas para condenar a un encausado, lo que no ocurre en este caso: los números telefónicos intervenidos están a nombre de otra persona o pertenecen a un operador extranjero, criticó la tramitación de la causa hasta el punto de que no se aportan hechos concretos y se infringen derechos fundamentales. Tampoco se cotejaron las conversaciones telefónicas con las traducciones y se habría incurrido en una tramitación que calificó de "ajetreada", con una suspensión anterior del juicio y varias devoluciones del sumario al juzgado de Arona. Otro tanto ocurrió con diferencias entre la droga intervenida y la que finalmente aparece en el escrito de la Fiscalía, lo que apuntaría a fallos en la cadena de custodia. Por ello pidió la absolución de S.C.G.C. al entender que la investigación fue "desordenada" y que el juicio se adaptó a la conformidad alcanzada con la Fiscalía. El abogado de I.C.G.D., puso sobre la mesa dilaciones indebidas muy justificadas y los casi 2 años que lleva su defendido en prisión. Dijo que se trataba de una persona que "en este sucio negocio ocupa el último eslabón y pone en riesgo su salud".

Por sus antecedentes penales podría seguir en la cárcel.

"Soy inocente"

El turno de última palabra fue aprovechado por S.C.G.C. para decir que no aceptó la conformidad porque es inocente y tiene la conciencia tranquila. "Que me condenen por lo que he hecho, pero no por lo que no he hecho", en relación con las otras causas por las que cumple 9 años. L.F.D.C. asumió su culpabilidad pero negó ser un cabecilla. A.G.F. pidió perdón y N.A.D. justificó su involucración en las necesidades económicas que tenía.