La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial decidió el martes, por mayoría de cinco votos contra dos, archivar el expediente disciplinario abierto a la magistrada Victoria Rosell, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, y ex diputada podemita por esa provincia, por presunta desatención en la tramitación de procedimientos judiciales. La Comisión no cree acreditado que la jueza, que se vio obligada a renunciar a su puesto como diputada preciosamente por investigaciones abiertas contra ella, interviniera en el procedimiento judicial del que había sido recusada por el abogado Eduardo López Mendoza, amigo del juez Salvador Alba. Dos de los miembros de la Comisión disciplinaria, entre ellos su propio presidente, votaron a favor de sancionar a la magistrada con un mes de suspensión de funciones, la misma sanción que fue solicitada por la Fiscalía, y ha sido rechazada por el Poder Judicial.
Con esta solicitud de sanción archivada, se cierra definitivamente el recorrido judicial del mal llamado ''caso Rosell'', una acusación construida ex profeso para destruir la imagen pública de la jueza, arruinar su carrera política y empurarla con un mes de suspensión de empleo y sueldo. La estrategia contra la magistrada perseguía hacer ruido para esconder o reducir el impacto del ''caso Alba'', la trama político-judicial montada precisamente para acabar con la jueza, a la que el entonces ministro José Manuel Soria -que dimitió por su implicación en los ''Papeles de Panamá''- había acusado públicamente de protagonizar "el mayor escándalo de corrupción de la historia de Canarias", al retrasar -según Soria intencionadamente- la tramitación de una investigación contra Miguel Ángel Ramírez, con el que el compañero de la jueza había realizado algún negocio.
Ahora, el Poder Judicial, considera que fue el juez Alba quien hizo trampa cuando sustituyó a la juez en su juzgado de Las Palmas, y le acusa de cometer una falta muy grave, falta que conlleva la expulsión de la carrera. La sanción no se producirá sin antes esperar a las alegaciones que realizará Alba en su propia defensa, pero tanto en la ciudad judicial de la capital grancanaria como en el Poder Judicial, se da por hecho que las alegaciones de Alba no evitarán que el órgano de gobierno de los jueces le expulse definitivamente de la carrera.
Los acontecimientos que han llevado a este desenlace, que -por su relevancia penal- aún podría tardar meses o años en materializarse, arrancaron cuando Alba sustituyo a Rosell en su juzgado, al dejarlo ésta para formar parte de las candidaturas de Podemos. Desde el juzgado, Alba elaboró un informe que avalaba la admisión de una querella presentada por Soria contra la jueza. Después vino el sainete de la grabación de las conversaciones de Alba con Miguel Ángel Ramírez, en las que este demostró el interés del juez por inculpar a su colega. Los hechos, que fueron inicialmente considerados un abuso de autoridad o incumplimiento del deber de abstención, cambiaron después su calificación a la de ''desatención muy grave'', a la que además se suma una investigación penal contra Alba en el TSJC, en la que se le imputa negociaciones prohibidas a funcionarios.
Mientras, Alba ha seguido juzgando casos en los que debe interpretar delitos similares al suyo. Y puede que siga haciéndolo aún más tiempo, De eso se habla poco, pero no deja de ser también un despropósito mayúsculo.