La Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial de Güímar considera que la clausura del emisario submarino "es inviable" teniendo en cuenta la repercusión que tal medida, o el cese de los vertidos al mar a través de dicha instalación, tendría en la actividad industrial.

La presidenta del colectivo empresarial, Raquel Malo, manifestó que "desde la administración se tienen que buscar las soluciones para que esto no llegue a suceder", ya que si desde el Polígono Industrial Valle de Güímar no se pueden realizar los vertidos de efluentes, tanto sanitarios como industriales, al emisario submarino "las empresas, desde las de logística hasta las industrias, no pueden tener una actividad normal".

Este marco, que para los empresarios consultados sería "una auténtica catástrofe", es una posibilidad que desde el sector industrial se incide en que "no está contemplada" por cuanto afectaría "fuertemente" tanto a la economía de la comarca y de la Isla como al empleo, especialmente en los municipios del Valle de Güímar.

Cabe recordar que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha incoado un expediente sancionador a los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar "como presuntos responsables directos y solidarios" de un vertido no autorizado al mar a través del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar. La sanción asciende a 30.000 euros. El hecho que motiva la multa a las corporaciones municipales data del 30 de marzo de 2015, cuando el Servicio Provincial de Costas denunció en la Apmun la existencia de un vertido en la costa del Polígono.

Desde el pasado marzo, el Ayuntamiento de Candelaria ya planteó la necesidad de proceder al cierre del emisario submarino, medida en la que incide un informe técnico y jurídico del Consistorio arafero este mismo mes. "Urge legalizar el vertido y la concesión de ocupación del emisario", se reclamó hace varios meses por parte de la Secretaría de la Corporación municipal de Güímar. El Ayuntamiento de Arafo está habilitado por la comarca para completar el procedimiento que permita tal legalización. Hasta entonces, los vertidos deben cesar.