Cerca de la mitad de las comunidades de propietarios de las Islas no ha pasado la inspección de sus ascensores, que según la normativa debe realizarse cada cuatro años. Esta situación fue expuesta durante una reunión que mantuvieron el pasado miércoles representantes de la Dirección General de Industria del Gobierno canario, de las empresas mantenedoras de estos aparatos y del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife en la sede de la entidad colegial.

La presidenta del Colegio , Carmen Suárez, reconoció ayer a este periódico que el dato es "alarmante" y afirmó que el Ejecutivo regional se ha comprometido a elaborar una nueva regulación que permita "paralizar" los ascensores que nunca se hayan sometido a estas inspecciones obligatorias y los que la tengan vencida. "La normativa actual tiene lagunas y es muy interpretable, por lo que no queda claro quién tiene la responsabilidad", explica Suárez. El texto que prepara Industria -que tiene previsto finalizarlo en alrededor de un año- concederá más competencias a las empresas mantenedoras para tomar una medida que ahora, en última instancia, depende de la decisión de los propietarios del inmueble y que solo adoptan las empresas cuando detectan "fallos muy graves".

Las inspecciones a las que deben someterse cada cuatro años los ascensores de las comunidades de propietarios -conocidas como OCA, siglas de organismos de control acreditado- se verifican mediante la colocación en el aparato de una etiqueta verde, si el resultado es favorable; naranja, si hay defectos que deben ser subsanados; y rojo, si el elevador queda fuera de servicio. Industria ha transmitido a los administradores de fincas que comuniquen a los propietarios la conveniencia de no utilizar el aparato si la etiqueta no es verde.

Este proceso, completado por las revisiones mensuales que tienen que pasar los ascensores, puede definirse como la ITV de los ascensores, y no siempre encuentra el visto bueno de los propietarios debido a su coste económico o a la necesidad de acometer otras actuaciones que los inquilinos entienden prioritarias. No hacer las inspecciones supone una infracción grave, sancionada con multas que van de 3.000 a 90.000 euros. De producirse un accidente, las partes implicadas pueden incurrir en responsabilidades civiles y penales.

El Colegio de Administradores de Fincas de la provincia se ha comprometido a formar a sus colegiados sobre esta situación, así como a proporcionar "información a las comunidades de propietarios sobre seguridad de los usuarios, lo que además evitará posibles sanciones", indica la entidad en un comunicado.

Estos profesionales tratarán de comunicar a sus clientes la importancia de dar preferencia a las inspecciones de los ascensores como una vía para alertar de posibles fallos y así "no tener que llegar al extremo de paralizar un aparato". La entidad solicitó al Gobierno autonómico, asimismo, que continúe con las auditorías a las empresas mantenedoras y a los organismos de control con el fin de "mejorar la seguridad de los usuarios".

La muerte de dos jóvenes de 17 años al caer por el hueco del ascensor tras desprenderse el suelo de la cabina -el pasado 9 de mayo en Madrid- ha puesto el foco en la seguridad de estos aparatos. Sin embargo, el elevador en el que se encontraban los dos adolescentes había pasado tanto la inspección técnica como la revisión de mantenimiento mensual, sin que se detectara el fallo que dio origen al accidente mortal.

las claves

Cada cuatro años. Los ascensores instalados en los edificios con más de veinte viviendas o con más de cuatro plantas deben pasar la inspección técnica cada cuatro años.

Código de colores. La inspección se verifica mediante una etiqueta adhesiva visible en el aparato. Puede ser de tres colores: verde, en caso de resultado favorable; naranja, cuando es necesario subsanar algún defecto; y rojo, que implica que el ascensor queda fuera de servicio.

Precaución. La Consejería de Industria ha transmitido al Colegio de Administradores de Fincas la necesidad de comunicar a los propietarios que no utilicen el ascensor si la etiqueta no es de color verde.

Sanciones. No realizar las inspecciones periódicas reglamentarias supone una infracción grave, con multas de 3.005 a 90.000 euros, y en caso de accidente podrían dar lugar a responsabilidades civiles o penales.