El concejal de Sí se Puede (SsP) en Candelaria, Agustín Espinosa, asegura que "estamos muy preocupados por la inminencia del cierre del emisario y la falta de alternativas previstas, ya que las consecuencias pueden ser traumáticas para las empresas y, sobre todo, para el personal que trabaja en ellas". A su juicio, las responsabilidades "se deben depurar en los juzgados".

SsP e IUC están decididos a exigirlas "por la mala gestión en materia de aguas residuales industriales en el Polígono" y por "las nefastas consecuencias que tendría el más que probable cierre del emisario". Ambas organizaciones señalan a los ayuntamientos que gestionan el Polígono (Candelaria, Arafo y Güímar), "tal como evidencian los informes jurídicos redactados por las secretarías de las tres corporaciones, que reseñan hechos de alta gravedad y que pueden generar el cierre temporal de las empresas allí ubicadas y la pérdida de multitud de puestos de trabajo".

Agustín Espinosa suma como responsables de la situación a la Asociación Mixta de Compensación, formada por el Cabildo de Tenerife, la administración del Estado y CajaCanarias (actual Caixa); el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife (Ciatf) y las empresas instaladas en el Polígono Industrial.