Las comunicaciones interinsulares en Canarias se basan en los barcos y los aviones. No tenemos carreteras que unan las islas entre sí. Los canarios estamos obligados a volar, esa es nuestra realidad, una realidad que encarece el coste de la vida y obliga a destinar recursos importantes de las economías familiares y empresariales a nuestros desplazamientos.

Ante esta situación, las respuesta del Estado, amparada en el criterio constitucional de que todos los españoles debemos ser iguales ante la ley, en derechos, obligaciones y posibilidades, ha sido la de establecer un sistema compensatorio al coste de los billetes. Se trata de la famosa subvención a la residencia, una práctica tolerada por Europa, aunque mal comprendida por muchos de nuestros compatriotas, que la consideran un privilegio, una suerte de sinecura de esas que los canarios recibimos por la cara con cargo al bolsillo de todos los españoles. En los últimos años, además, el dinero destinado por el Ministerio de Fomento para la subvención del transporte a los residentes no ha parado de aumentar. Comenzó siendo originalmente una compensación por el valor de una tercera parte del billete, pero desde 2007 supone el 50 por ciento, y ahora se negocia que sólo haya que pagar la cuarta parte del coste. A pesar de algunos problemas y de errores cometidos por Fomento en la persecución del fraude de algunas compañías, que se quiere evitar con molestias a los ciudadanos, el sistema de subvenciones a la residencia es un buen sistema, que además se acompaña de tarifas de referencia, con precios máximos fijados por el Gobierno y que no se modifican desde 2013, en los transportes interinsulares. No ocurre lo mismo en los vuelos a península, donde no existe la denominada Obligación de Servicio Público, y los precios los fija la libre competencia entre compañías. Paradójicamente, mientras el precio de los billetes se mantiene estables en el transporte interinsular, cubierto en régimen de oligopolio por Binter y regulados por el Estado, la percepción es que esos precios, a pesar del descuento por residencia, no han dejado de subir en los vuelos ''regulados'' por el mercado, que son los que se producen desde Canarias a Madrid y otras ciudades peninsulares (y regreso). En ese contexto, la preocupación es que la probable subida de la subvención hasta un 75 por ciento, que reducirá a la mitad el coste actual de los billetes interinsulares, no sirva para resolver el problema de los vuelos con Península.

¿Habría entonces que establecer también obligaciones de servicio público en los trayectos Canarias-Península? Es difícil que eso pueda hacerse, porque Europa ha optado claramente por la libre competencia en esos tráficos. Pero alguna solución hay que encontrar al precio de los billetes con Península. Además de resolver el problema de los canarios no residentes en Canarias, que son muchos. Porque no tiene sentido que en tantas ocasiones resulte más caro ir de Canarias a Madrid que ir de Canarias a Londres o a Malmö, por ejemplo.