El presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de la Agrupación Socialista Gomera en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, preguntará en el pleno regional de mañana sobre la situación actual de la creación de la ciudad de la justicia de Santa Cruz de Tenerife al entender que se ha generado un clima de disenso nada adecuado para una decisión tan relevante para el futuro de la provincia. Por eso, y siempre con tono constructivo, pedirá al Ejecutivo isleño que pare máquinas, imprima sosiego y perspectiva y busque el máximo consenso posible con todos los estamentos afectados, sin olvidar nunca que la clave también reside en facilitar el acceso a este servicio fundamental a los vecinos de las cuatro Islas y también del resto.

Para Curbelo, lo que ha ocurrido con esta ciudad judicial es un poco contradictorio, ya que, según su visión, el PSOE tenía claro cuando ocupaba la consejería de Justicia y Presidencia que debía levantarse en la zona de Cabo Llanos, "junto al 80% de las administraciones a las que suelen acudir los ciudadanos". Sin embargo, y en poco tiempo tras la ruptura del pacto, CC, con José Miguel Barragán de consejero en sustitución de Aarón Afonso, giró y, esgrimiendo informes técnicos, apostó por El Sobradillo, tratando de romper cuanto antes con una parálisis de unos 10 años.

Según recalca, no tiene datos suficientes para sostener que en Cabo Llanos no caben las dependencias necesarias, tal y como sostiene ahora el Ejecutivo, ni tampoco si se resolverán los problemas de accesibilidad en El Sobradillo porque se ampliará el tranvía, pero sí cree clave que un paso de este calibre no se dé en este ambiente de enfrentamiento con una plataforma que dice representar a unos 5.000 trabajadores entre magistrados, fiscales y otros funcionarios o empleados.

El líder de ASG no entra en si Barragán acertó o no al elevar una queja al Consejo General del Poder Judicial por la afirmación de dicha entidad de que, en El Sobradillo, hay "intereses urbanísticos". No obstante, insiste en la necesidad de diálogo y de rebajar la tensión, si bien tampoco esconde que, a su juicio, lo más lógico es que se levante en Cabo Llanos precisamente por concentrar la sede actual, por estar ahí el intercambiador de transporte, por haber aparcamientos cerca, buena parte de las consejerías y hasta Presidencia, así como otros servicios claves al ciudadano.

En su opinión, y antes de lanzarse a un proyecto que ha creado este nivel de discrepancia, es mejor pausarse un poco y hacer todos los esfuerzos necesarios para que, al final, sea fruto de un acuerdo generalizado y convincente que garantice buenos medios, dependencias y un ambiente adecuado para los funcionarios judiciales.