Los órganos de participación vecinal establecidos en la Ley de Grandes Ciudades -bautizados como "tagorores" en Santa Cruz- llegarán a Aguere de la mano de la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana de San Cristóbal de La Laguna, que afronta ahora la que previsiblemente será su etapa final después de años de vaivenes, dificultades y demoras.

El nuevo documento nace para sustituir al que está actualmente en vigor, de 1993. "Se pretende recoger y clarificar todo aquello que la experiencia de estos años ha ido marcando como necesario, ahondando en la estructuración descentralizada y desconcentrada de la gestión municipal (...), dándole mayor importancia a los distritos", se apunta al inicio de un texto de 14 capítulos y 43 artículos, y que aborda asuntos como la transparencia, los plenos o las entidades ciudadanas.

En cuanto al punto novedoso de esa especie de "tagorores laguneros", se llamarán concretamente "juntas de distrito" y habrá una en cada una de esas áreas. Estarán presentes en ellas, con derecho a voz y voto, los representantes de los grupos políticos, de otros partidos que no estando en el arco local sí obtuvieron en el distrito en cuestión más del 5% de los votos en las últimas elecciones municipales, y de las organizaciones del lugar. "Será el máximo órgano de decisión y deberá celebrarse al menos dos veces al año", expone el reglamento sobre un organismo que tendrá entre sus funciones la planificación y seguimiento de las obras, la evaluación de los servicios, la propuesta y control del presupuesto específico destinado al distrito... También, en paralelo, podrá haber consejos de barrio o de zona.

Por otra parte, y si bien es de los elementos que se encuentran en fase de maduración, es posible que la norma acabe introduciendo que las entidades "que representen intereses generales del municipio" puedan promover iniciativas para ser incluidas en el orden del día de los plenos por parte del órgano correspondiente. En caso de ser aceptadas, ese colectivo expondría el contenido antes de llevares a cabo su debate.

Otros aspectos destacados que figuran en el texto son la posibilidad de las asociaciones de solicitar al consistorio información y que este responda en un plazo máximo de 30 días, así como de expresar sus opiniones sobre cualquier tema de interés público municipal "en los medios de comunicación propios del ayuntamiento", y el derecho de los vecinos para obtener copias de los acuerdos locales y consultar archivos y registros "en concordancia con la legislación vigente". Se une a lo anterior que todo ciudadano o asociación podrá plantear proyectos y, si se trata de más del 10% del padrón, reglamentos y ordenanzas. Que cada distrito cuente con una tenencia de alcaldía "descentralizada y desconcentrada" y los presupuestos participativos (el consistorio reservará anualmente un mínimo de un 1% de sus inversiones para ellos) son puntos que también sobresalen del documento.