La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó hoy la adhesión a la solicitud de "medidas cautelares de carácter real" planteada por el Ministerio Fiscal tras la sentencia dictada por la Audiencia Provincial sobre el caso de Las Teresitas.

El acuerdo, que conlleva la actuación del Ayuntamiento en la comparecencia prevista por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para este viernes, persigue "el aseguramiento de la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento".

Una nota del Ayuntamiento informa de que la Junta considera que las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal en esta fase del procedimiento resultan necesarias para "proteger el derecho a la tutela judicial efectiva del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife".

El acuerdo recoge lo solicitado por la Fiscalía en la consideración tercera de su escrito, en el que se señala que el importe afianzado por los condenados (26.010.132 euros) no garantiza el pago de las responsabilidades civiles impuestas, dado que es menor que el importe de la indemnización civil fijada en la sentencia (52.588.156,85 euros) y de los intereses correspondientes (9.159.884,67 euros).

Al respecto, el Ministerio Fiscal solicita que se requiera a todos los condenados para que, en el plazo que fije el tribunal, designen bienes realizables "que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de las indemnizaciones a cuyo pago se les condena en la sentencia dictada, acordándose la práctica a tal fin de las valoraciones y tasaciones precisas".

La Fiscalía también propone que subsidiariamente y para el caso de que no se cumpliera el anterior requerimiento, o para el caso de que los bienes designados fueren insuficientes, se acordaran medidas como el bloqueo y retención de activos financieros o el embargo de bienes muebles o inmuebles que estuvieran a nombre de los condenados, de forma directa o indirecta.

El Ayuntamiento indica que el acuerdo adoptado hoy responde a la instrucción dictada por el alcalde el pasado 27 de abril para recuperar el dinero público invertido en la compra de los terrenos, y para hacer efectivas las indemnizaciones que, a favor de esta corporación municipal, se recogen en la sentencia sobre este caso.