El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una moción consecuencia de interpelación del Grupo Socialista en la que insta al Gobierno canario a elaborar los informes técnicos y jurídicos, así como los proyectos que sean necesarios, para garantizar el cumplimiento de la sentencia contra los tres empresarios condenados por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar.

La moción, que fue mejorada con enmiendas del Grupo Nacionalista Canario y Grupo Popular, también insta al Ejecutivo a que, en ejecución de la sentencia, con cargo a los condenados se elabore un plan integral de restauración bajo la dirección de las Consejería competente en materia de minas, la participación de la Consejería de Política Territorial y Ordenación, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Güímar.

Además, se insta al Gobierno elaborar los informes jurídicos y técnicos y la aprobación de los instrumentos correspondientes con el objetivo de impedir la actividad extractiva en los barrancos de Güímar, garantizando que estos no conlleven derechos indemnizatorios a los posibles afectados ni repercusiones presupuestarias para la Comunidad Autónoma.

A su vez, la Cámara Legislativa insta al Gobierno a elaborar un plan de ordenación de los recursos extractivos de Canarias y a desarrollar las competencias en materia de minas conferidas por el Estatuto de Autonomía.

Por último, se insta al Ejecutivo para que, a su vez, inste al Gobierno de España a promover la modificación de la legislación estatal sobre la regulación de la actividad extractiva de áridos en las islas, que permita que la regulación de los áridos en Tenerife no se considere de baja calificación económica porque en Canarias "extraer áridos es casi más rentable que extraer oro".

UN "ATENTADO ECOLÓGICO".

En su intervención, el diputado socialista Gustavo Matos, encargado de defender la propuesta, afirmó que la moción pretende aportar soluciones para resolver el que calificó como "el atentado ecológico más importante que ha vivido Canarias a lo largo de su historia".

Indicó que esta moción surge tras el rechazo de la Proposición de Ley del Cabildo de Tenerife para resolver los problemas derivados de este "atentado ecológico" en los barrancos de Güímar, soluciones que pasaban por tratar de hacer cumplir las sentencias condenatorias a quienes habían explotado de manera ilegal esas canteras y por evitar que se pudieran volver a producir actividades extractivas en el municipio.

Matos recordó que esta Proposición de Ley se rechazó porque había una serie de informes de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias que decían que esa no era la solución. No obstante, afirmó que el Ejecutivo, después de las sentencias, no había hecho "absolutamente nada" al respecto y no se había "puesto a trabajar" hasta que la Cámara rechazó la propuesta del Cabildo de Tenerife.

Así, remarcó que esta moción pretende "llenar el hueco" y el "vacío de acción" del Gobierno de Canarias en esta materia, con el riesgo "serio" de que no se puedan cumplir las sentencias penales que condenan a los areneros a pagar una serie de indemnizaciones y a restaurar lo que hicieron en los barrancos de Güímar. El diputado también acusó al Ejecutivo de no tener ''plan b'' con Güímar y de ofrecer únicamente "titulares, eslóganes y 145 caracteres, pero no soluciones reales".

Por parte del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano señaló que en este asunto "hay que hacer un esfuerzo por encontrar una solución que no ha sido posible por vía legislativa", pues "tenemos la capacidad de impulsar la acción del gobierno, el deber de hacerlo y controlarlo en su ejecución posterior", añadió.

Mientras, la diputada popular Cristina Tavío afirmó que se trata de un asunto "complejo y controvertido" que requiere de la participación de una comisión de estudio que debe trabajar de forma interadministrativa para buscar una salida para que Canarias cuente con un plan de ordenación de los recursos extractivos.

"DESÁNIMO" DE LOS GÜIMAREROS.

El diputado Jesús Ramos (ASG) dijo que su grupo entiende el "desánimo" de los ciudadanos de Güímar, máxime cuando "ni los grupos se ponen de acuerdo en las diferentes administraciones". Asimismo, señaló que desde el Grupo Mixto creen "firmemente" que hay que hacer algo al respecto y que el Gobierno de Canarias, e incluso el Estado, se "mojen" en este "atentando medioambiental".

Román Rodríguez, de NC, consideró oportuna la moción porque cree que el texto consigue que el Gobierno "haga su tarea y cumpla con su deber", pues "no puede ser neutral y tiene que actuar". También respaldó la iniciativa porque deja claro que el Parlamento exige el cumplimiento de la sentencias, así como las distintas administraciones vinculadas en este asunto, tratando de evitar unas indemnizaciones que supondrían "cientos de millones de euros del erario público".

La diputada de Podemos Concepción Monzón también apoyó la moción porque considera que hay que ejecutar las sentencias y, además, porque hay que dar una respuesta a la demanda de los ciudadanos de Güímar con respecto a seguir autorizando las extracciones en un territorio que, dijo, ha quedado deteriorado y que hoy resulta peligroso para los vecinos.