El pleno del Parlamento de Canarias constató de nuevo ayer, enlazando la sesión con la manera en que terminó la del martes, la creciente preocupación de los grupos por el problema de la vivienda en general, pero en las Islas en particular. Tanto que, más allá de diferencias, matices o visiones contrapuestas, en ambas jornadas se ha comprobado un acuerdo de base sobre que se trata de una de las principales prioridades que ha de afrontar el Ejecutivo y la sociedad isleña. Y ha de hacerlo ya.
Ayer, el consenso se logró, no sin dificultades y tras varias enmiendas al final aceptadas (salvo una del PP), con una Proposición No de Ley (PNL) de Podemos sobre política integral de vivienda. Una causa perfecta para ahondar en los problemas que se dan, y que parece que se agravarán, con la subida de los precios del alquiler, si bien aquí afloraron en la noche del martes unas diferencias de interpretación enormes, reiteradas ayer. De hecho, el PP cree que eso se debe a la mejora del empleo, mientras que el PSOE lo achaca a la especulación, el alquiler vacacional, su incertidumbre y la falta de gestión en el área desde la ruptura del pacto.
Noemí Santana, portavoz de Podemos, recalcó los datos de pobreza en las Islas, con un 35% de personas en exclusión social, los 1.952 desahucios por ejecución hipotecaria, los más 2.000 por impagos de alquileres en 2016 y el hecho de que el Gobierno regional no se acogiera ni a una ayuda estatal para vivienda en el anterior ejercicio. Además, y con presencia de afectados, volvió a criticar el hecho de que Visocan apostara por comprar activos tóxicos con Soria, "por los que se perdió millones", y censuró que haya ejecutado desahucios, lo que también censuró el PSOE.
Luzardo (PP) apoyó la moción (salvo un punto), aunque presentando enmiendas, y criticó la gestión en este área desde hace muchos años, entre otras cosas por no haber plan de vivienda desde 2012, aparte de que, en 2016, hubo 63 millones, 21 del Estado, pero no se ejecutaron en su totalidad. Además, aludió a los problemas con la hipoteca joven y la vivienda usada, pero, al final, respaldó la iniciativa en pro de un giro.
El PSOE también enmendó, pero mostró su apoyo porque teme una inminente crisis social por el aumento de los precios, los indicadores de pobreza o los trabajadores pobres, "agravados por el presupuesto estatal que apoya CC". Como hiciera Patricia Hernández el martes y él mismo, Lavandera remarcó que uno de cada dos canarios gana menos de mil euros; uno de cada tres, menos del salario mínimo, las pensiones pierden poder adquisitivo y muchos parados han perdido sus retribuciones. Por eso, le recriminó a Podemos que no apoyaran a Sánchez, pero les respaldó ayer. Lo mismo hizo NC, que, si bien teme que la demanda sea de 10.000 familias por falta de expectativas, cree que la real es de 30.000, mientras que CC asumió la PNL aunque llegara tarde para enmendarla. Eso sí, el vicepresidente confirmó el martes el anuncio de Elena Luis de que se harán 1.007 viviendas de protección. Sin duda, se confirmó que esto preocupa a todos, y no poco.
Las compras por internet, pendientes de las cuentas
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, abrió el pleno de ayer con ganas de alardear de que, si se aprueba el presupuesto estatal, por fin los residentes canarios podrán comprar por internet productos de hasta 150 euros sin necesidad de tramitar el documento de aduanas (DUA). Sin embargo, su entusiasmo le fue enseguida matizado por casi todos los grupos (salvo el PP) al recodarle que, ya en febrero de 2016, presentó como "inminente" este logro. Eso sí, Dávila tenía, al menos, una réplica para Podemos, al que le reprochó que no apoyara "el gobierno de izquierdas" que pretendió Pedro Sánchez en ese momento (si bien junto a Cs) que sí respaldaba CC, abocando al país a unas segundas elecciones y retrasando esta medida, pendiente hora de una disposición adicional a las cuentas.
Estalella (PP) se congratuló de la noticia si hay presupuesto, pero pidió excepciones para pymes y autónomos que compran productos de hasta 500 euros y también para vender.
ASG censuró la "inminencia" de 2016 y alertó de que, ahora, las compañías cobren por otros conceptos. NC advirtió de que, si no se aprueban las cuentas, será "culpa" de Rajoy y Podemos censuró al Gobierno por anunciar "a bombo y platillo" medidas que no se cumplen o que tardan tanto, al tiempo que alertó de que el DUA supone casi 150 folios e infinidad de datos a rellenar, así como el endoso que debe pagarse. Lavandera (PSOE) ironizó llamando a la consejera "Rosa Montoro" por entender que vive plegada al ministro, preguntó por qué no elevar la cifra a 3.000 euros y alertó del IGIC que cobran las empresas a los minoristas.
Dávila, por su parte, resaltó las ventajas que supondrá para las empresas canarias y su dimensión fuera y remarcó que el coste para las arcas regionales apenas será del 0,1 de la recaudación, unos dos millones de euros, pero que se ahorrarán unas 200.000 operaciones de petición del DUA, agilizando así mucho este servicio.
2.400 trabajos vacantes en la Comunidad
En otro de los puntos claves de la mañana de ayer, el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, reconoció los datos que fue esgrimiendo Soledad Monzón (Podemos) sobre las vacantes de puestos de trabajo en las distintas consejerías y empresas públicas de la Comunidad, que acabó cifrando en unas 2.400. A juicio de Podemos, una situación muy alarmante que, aparte de los recortes y las medidas restrictivas del PP, achaca al Gobierno regional por no aprovechar los márgenes que ha tenido en los últimos años para renovar el personal, ni siquiera el que se jubilaba. En unos casos, por oposiciones caóticas y, en otros, por desidia, aparte de apostar por muchos contratos temporales y por no reconvertir a buena parte de los interinos. Barragán asumió parte de las críticas, pero subrayó las medidas que han ido tomando, contextualizó todo en la crisis y las medidas estatales, al tiempo que defendió a la administración por buscar ahora un equilibrio entre los intereses de los interinos, la libre concurrencia y la búsqueda de los mejores profesionales para cada puesto. Para NC, ha habido una clara ineficacia y falta de inversión por parte del Gobierno regional, más allá de las restricciones de la derecha, recalcando que, si la Cotmac, Educación o Sanidad tuvieran más personal, "todo se resolvería antes", desde los PGO a las listas de espera. Emilio Moreno (PP) subrayó, por su parte, que este año existe un 100% de reposición en Sanidad, Educación y fuerzas de seguridad, y del 50% en el resto, así como que se pretende reducir la temporalidad a escala nacional hasta el 8% en los próximos 3 años. El PSOE lamentó las limitaciones de los concursos desde 2012 y que no se repusiera la bajada salarial estatal hasta este año, mientras que Barragán hizo al final una llamada a la esperanza.
Dónde invertir las sanciones a eléctricas
En el pleno también se aprobó un PNL del PP para que los 12 millones recaudados por la Comunidad por sanciones a Red Eléctrica y Endesa por fallos en el suministro en los últimos años en las Islas se destinen a mejorar el sistema y las instalaciones "públicas". Ese último término resultó clave y fue introducido por Román Rodríguez (NC) en una enmienda in voce aceptada por todos porque el articulado era muy abierto y podía beneficiarse a las propias eléctricas. Además, se apoyó una de CC para pedir al Estado las autorizaciones para actividades mineras en aguas próximas a las Islas y otra del PSOE sobre la tramitación del autodespacho a la importación no presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria Canaria.