El gobierno municipal de Granadilla de Abona reconoció al Pleno la existencia de instalaciones públicas enganchadas ilegalmente a la red eléctrica. Una situación que afecta al Mercado del Agricultor, a las oficinas destinadas a la cooperativa de taxistas, varios polideportivos, el Observatorio Municipal de Inmigración (Omigra) -donde el consistorio quiere instalar la Asociación de Padres de Niños Autistas y con Trastornos del Comportamiento de Tenerife (Apanate)-, así como algún depósito regulador de agua potable y una dependencia de Trabajo Social.
El grupo de gobierno explicó ayer que desde los primeros días de su mandato (octubre de 2016), la compañía eléctrica "procedió a cortar el suministro de diversas instalaciones municipales que se encontraban enganchadas a la red".
El portavoz del gobierno local, Jacobo Pérez, indicó que "que se trata de una situación heredada de gobiernos anteriores, siendo algunos casos de hace décadas". El concejal nacionalista hizo hincapié en que dichos enganches "se realizaron con anterioridad a la incorporación de este equipo de gobierno", dejando claro que "se ha actuado desde el primer momento en los distintos casos", estando resueltos algunos de ellos y otros "en proceso de tramitación para su regularización a fin de poder contar con el correspondiente contador y suministro de luz".
El concejal Arquipo Quintero (Ciudadanos) reclamó "un informe sobre cuáles son las dependencias municipales enganchadas de forma irregular a la red eléctrica y desde cuando", información fundamental para "determinar el importe de la deuda acumulada y para comprobar si existe o no expediente abierto al ayuntamiento por estos hechos".
Los hay. La empresa suministradora tiene al menos dos expedientes en curso ante la gravedad del hecho no solo por su repercusión económica, sino por la inseguridad que la situación conlleva ante su falta de control.
Quintero recuerda que la acción del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, "atendiendo al Código Penal, puede ser considerado falta o delito" y, en cualquier caso, "conlleva abundantes sanciones económicas".