El Club Náutico de Bajamar ha conseguido renovar su concesión administrativa por 15 años más tras un prolongado proceso de tramitación, según confirmaron desde la entidad, que era una de las afectadas por el acuerdo plenario aprobado por unanimidad en marzo por el Ayuntamiento de La Laguna para pedir al Estado el uso público de las piscinas de esa y otras dos instalaciones.

¿La ampliación de esa autorización supone que desaparece el riesgo de que este colectivo se pueda ver afectado por aquella decisión? Eso es lo que se desprende de las manifestaciones del concejal de Playas y Piscinas, Zebenzuí González. "En este caso ya no podemos hacer nada; con los otros dos seguiremos con la misma hoja de ruta: ver cómo está la concesión, analizar si es viable o no asumirla, y, una vez que tengamos todos los números, tomar una decisión contando tanto con la oposición como con el grupo de gobierno para sacar un consenso unánime, como se dio en el pleno", sostuvo el político socialista.

En la misma línea, González precisó que se trata de un permiso que otorga el Gobierno central y que, por tanto, no es competencia municipal. "Ellos dan y quitan las concesiones y las licencias y, por lo tanto, nosotros no podemos hacer nada", abundó.

Mientras, desde la institución bajamarera expresaron su satisfacción con los 15 años de concesión, y pusieron de relieve que esta ayudará a la conservación del espacio. "Se contribuye a que se tenga esa zona perfecta y mantenida", indicaron.

Todo esto llega después de una controvertida moción presentada por Unid@s se Puede, que en un primer pleno acabó quedando sobre la mesa y que en el segundo fue aprobada tras una enmienda de sustitución consensuada. Aquella recoge: "Realizar cuantos trámites legales y administrativos sean necesarios para solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la concesión administrativa de dichas instalaciones a favor de esta administración local, en la medida de lo posible, haciendo valer la preferencia que la normativa vigente establece en estos casos".

Concretamente, esos espacios son las piscinas del citado club, así como las del Altagay y el Charco de la Arena -los dos últimos en la Punta del Hidalgo-. Mientras que desde la misma sesión plenaria hubo planteamientos llamativos, al día siguiente se pasó a las reacciones de preocupación y sorpresa de los perjudicados. En paralelo adquiría protagonismo la "letra pequeña" del acuerdo: el complemento oracional "en la medida de lo posible", en el que nadie parecía haber reparado, abría la puerta a otras posibilidades.

El Altagay y el Charco de la Arena, al albur de los costes

Las manifestaciones del concejal Zebenzuí González aclaran el futuro del Club Náutico de Bajamar, pero... ¿qué ocurrirá con el Altagay y el Charco de la Arena? Esas otras dos instalaciones de La Punta también formaban parte del acuerdo adoptado por el Consistorio lagunero. Lo que suceda ahora con ellas dependerá de los estudios legales y de carácter económico que desde la Concejalía de Playas y Piscinas han informado que deben llevar a cabo.

Por un lado, el edil ha apuntado en los últimos meses que, antes de adoptar cualquier decisión al respecto, hay que analizar las concesiones administrativas de las que disponen las entidades. Junto a ello, y especialmente, el representante socialista ha expresado dudas sobre los costes de gestionar nuevas piscinas y si el ayuntamiento tiene capacidad para asumirlas. Si en la actualidad el mantenimiento de las de Bajamar, la Punta del Hidalgo y Jóver genera un desembolso de alrededor de 250.000 euros, aplicar la moción supondría al menos duplicarlo.