El proceso judicial abierto a la conocida como "banda de los rumanos" concluyó con la imposición de penas de cárcel por estafa, pertenencia a organización criminal y la obligación de que devuelvan los 57.030 euros cobrados de forma ilegal. A los cinco condenados se les responsabiliza de conformar una estructura criminal radicada en Santa Cruz de Tenerife con el fin de obtener beneficios económicos ilícitos. Para ello utilizaban ingresos que recibían en sus cuentas corrientes en concepto de rentas anticipadamente abonadas de alquileres ficticios de viviendas vacacionales formalizadas por decenas de arrendatarios repartidos por todo el territorio nacional.
La técnica delictiva que utilizaban, y que la Audiencia califica de "muy depurada", consistía en la confección electrónica de contratos falsos, a los que acompañaban la fotocopia de una tarjeta de residente extranjero que siempre tenía la misma foto aunque variara el nombre. Los miembros de la banda usaban imágenes de ofertas reales de alquiler de viviendas en la costa mediterránea, pero modificando los datos. De esta manera contactaban con los interesados y les enviaban contratos de arrendamientos firmados por un propietario inexistente, logrando apariencia de legalidad. Para hacer más atractiva la oferta ofrecían descuentos del 15% sobre el precio inicial si el abono se hacía anticipadamente. El resultado es que el dinero desaparecía de forma inmediata de la cuenta una vez que era ingresado y que el perjudicado no podía acceder al disfrute de esta vivienda.
Constantin B. actuaba como coordinador pero, a la vez, para evitar ser relacionado con las operaciones, acompañaba hasta las inmediaciones de los bancos a los otros acusados: Constantin C., Aurelian B. y Elena C.U., que tenían cuentas abiertas y a quienes controlaba para que sacaran el dinero y luego se lo entregaran. A cambio, estos recibían un porcentaje cercano al 10% del total en concepto de comisión. Otro miembro de la banda, Iulican R.B. intervenía desde Rumanía, gestionando día a día los cobros que se efectuaban. De esta manera se lograron estafar 57.030 euros a un total de treinta personas.
Las penas impuestas a Constantin B. suman siete años y medio de prisión; a Aurelian B., tres años; a Constantin C., cuatro años; a Elena C. U., un año y siete meses, y a Iulican R. B., tres años y medio. En este último caso se tuvo en cuenta como atenuante que ha devuelto cerca de 30.000 euros y en el de Elena C. U., que confesó los hechos.
La Audiencia considera probado que los acusados se repartían las funciones de manera "clara y determinada", existiendo además entre ellos una manifiesta jerarquía en cuya cúspide estaba Iulian R.B.. Los integrantes de la organización se conocían, ya que provenían de la misma localidad rumana de Pitesti y guardaban entre sí relaciones familiares. En Santa Cruz de Tenerife residían en viviendas cercanas, cuando no en la misma. La sentencia considera que la estructura era estable y constituida por un tiempo indefinido, "teniendo una clara vocación de permanencia", lo que se refuerza con el dato de que sus integrantes no llegaron nunca a acreditar actividad laboral alguna. Varios de los estafados relataron cómo contactaron con los miembros de la banda y estos les ofrecían condiciones ventajosas, aunque poco después empezaban a sospechar de que se trataba de una estafa.
En algunos casos, las víctimas ni siquiera llegaron a poner denuncias, tras advertirles los policías de las dificultades de encontrar a los responsables finales.