Apenas una semana después de que se hiciera pública la denuncia de la Fiscalía contra el alcalde de La Victoria de Acentejo, Haroldo Martín (CC), por un posible delito de prevaricación, ayer trascendió que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº5 de La Orotava ha ordenado el archivo de la causa, que tiene su origen en una denuncia del exalcalde Fermín Correa, por considerar que el político nacionalista no cometió ninguna irregularidad en la contratación de una trabajadora.

El auto judicial, del 2 de junio, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa con el argumento de que "una vez practicadas las diligencias de investigación solicitadas por el Ministerio Fiscal", el juez concluye que "no aparece debidamente justificada la perpetración del hecho supuestamente delictivo".

"Los indicios de delito de prevaricación administrativa denunciados por José Fermín Correa -exalcalde de La Victoria, expulsado del PP- no han sido corroborados ni por la prueba documental obrante en las actuaciones ni por ninguna de las declaraciones practicadas en la causa", continúa el auto.

El juez asegura que "Haroldo Martín no ha cometido el mencionado tipo penal que le ha imputado el denunciante".

"Del examen de la documentación obrante en autos se deduce que en la contratación de la trabajadora se siguió la oportuna tramitación legal: la convocatoria pública de unas pruebas de acceso a una lista de reserva de auxiliar de laboratorio; la realización de las mismas, habiendo obtenido la trabajadora la mejor puntuación en ambos exámenes; la creación de la lista de reserva, y la contratación de la primera persona posicionada en dicha lista para un puesto de trabajo cuya necesidad era patente, y que había recibido el visto bueno de la intervención del ayuntamiento, por existir crédito suficiente para la creación de la plaza, así como de la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias", explica el juez.

En el auto se detalla que "a pesar de lo que alega el denunciante, el hecho de que se contratara a la trabajadora de manera indefinida no deriva de la resolución de la Alcaldía por la que se le atribuyó el puesto de auxiliar de laboratorio, sino de una resolución judicial que ya le reconocía una relación laboral indefinida con el Ayuntamiento de La Victoria".

El juez llega a señalar que el alcalde hubiera cometido una irregularidad si hubiera contratado a esta trabajadora de manera eventual o temporal, pues "habría incurrido en un incumplimiento de la sentencia de 11 de febrero de 2015 del Juzgado de lo Social Número 4 de Santa Cruz de Tenerife" y en "una irregularidad administrativa si hubiera obviado la posición preferente de la trabajadora en la mencionada lista de reserva o hubiera prescindido de la lista".

Por todo ello, el juez concluye que "al no haberse acreditado que Haroldo Martín haya cometido el delito de prevaricación administrativa que le imputa por la parte denunciante, procede archivar el presente procedimiento".