El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo investiga el desalojo de Bajo la Cuesta realizado el 27 de octubre pasado. En ese marco, se dirigió al Ayuntamiento de Candelaria "interesándose por la situación de los vecinos desalojados", según consta en la documentación remitida a los denunciantes.

Esta investigación está propiciada por la denuncia presentada en esa institución europea por Vecinos por Candelaria (VxC) en diciembre, que argumentó premura, desorganización, improvisación en el proceso de desalojo "y, lo que es peor, en el de realojo de los vecinos afectados".

Durante los seis meses transcurridos, VxC mantuvo conversaciones en tres ocasiones con fuerzas parlamentarias y eurodiputados, miembros del Comité de Peticiones y del Comité de Derechos y Libertades del Parlamento Europeo, aportando más documentación al respecto.

José Fernando Gómez, concejal de VxC, entiende que "puede haber relación entre lo ocurrido en Bajo la Cuesta en octubre y en los meses siguientes con una posible dejación en las funciones de la protección de los derechos de las personas por parte de las autoridades locales. Así lo entiende el Comité de Peticiones al iniciar la investigación".

La Carta Europea de los Derechos Fundamentales obliga a los estados miembros a establecer un marco regulador que proteja el derecho de las personas a una vivienda adecuada frente a desalojos, forzosos o de otra índole. La norma establece que "la proporcionalidad del desalojo y su impacto en la vida de las personas deben ser examinados con detenimiento".

La actuación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo percibe un riesgo real de que los desalojados de Bajo la Cuesta "sufran un daño irreparable por la conculcación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, un riesgo que siguen sufriendo", señala.

La plataforma vecinal VxC justifica su denuncia ante la Unión Europea incluyéndola en el marco de la defensa de los derechos de los vecinos. Al respecto, el concejal anuncian que lo harán otra vez en fechas próximas, "pues han pasado ya casi ocho meses y nadie asegura a estos vecinos el regreso a sus hogares".