Las áreas de Intervención y Secretaría del Cabildo de Tenerife han bloqueado las renovaciones de los contratos de los servicios urbanos de transporte regular de viajeros por carretera de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna con Titsa debido a discrepancias y distintas interpretaciones de ámbito jurídico.
Estas diferencias han provocado un preocupante retraso y que la maquinaria administrativa de la Corporación insular trabaje desde hace varios meses con el objetivo de encajar legalmente los contratos a la legalidad, las necesidades propias y a las de los municipios afectados. De momento, han informado de forma negativa los contratos.
En este caso, estas diferencias técnicas acerca de las disposiciones de las condiciones han despertado el temor entre las organizaciones sindicales, según aseguró una fuente de la corporación. A esa voz se sumó otra de una central con representación insular. Al respecto, los dos informantes advirtieron de que si no se concretara la firma de los contratos para los ámbitos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, Titsa se quedaría "muy tocada si se tiene que exponer a un concurso público completamente abierto a cualquier operador".
Las mismas voces señalan que si los ayuntamientos recurren al concurso público y el servicio no lo controla la compañía de transporte dependiente del Cabildo de Tenerife podría suponer, en el peor de los casos, recortes de plantilla, ya que ambos contratos suman casi el 50% de los ingresos de Titsa, unos 15 millones de euros.
Dejan claro que si el bloqueo de la Secretaría e Intervención del Cabildo a la renovación del contrato de las líneas urbanas de Santa Cruz (32) y La Laguna (11) continúa y se prolonga en el tiempo podría suponer finalmente que ambas administraciones municipales tengan que sacar a concurso público el servicio de sus municipios en igualdad de condiciones con otros operadores que no verían mal, ni mucho menos, trabajar en estos ámbitos de grandes ciudades.
Si al final las áreas no encuentra un "encaje legal", tal y como define la situación el propio Cabildo, los trabajadores rechazarían la posibilidad del concurso público que les podría perjudicar. En función de ello, las fuentes sindicales, que no han querido hablar, "de momento", públicamente, explicaron que estarían ante un problema muy gordo, ya que las administraciones no podrían obligar a la hipotética empresa adjudicataria a asumir a los empleados de Titsa.
Fuentes oficiales de la Institución insular consultadas no negaron en ningún momento los problemas surgidos en la validación de los contratos y señalaron de forma escueta que "se está trabajando con Intervención y Secretaría para buscar el encaje legal. La voluntad política es llegar a un acuerdo".
Sobre todo ello, los concejales de Movilidad de los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna, Dámaso Arteaga y Jonathan Domínguez, respectivamente, rechazaron hacer declaraciones al respecto, apuntando que "se trata de un procedimiento que lleva exclusivamente el Cabildo de Tenerife".