El Parlamento de Canarias aprobó ayer la Ley del Suelo, con los votos de Coalición Canaria, el Partido Popular y la Agrupación Socialista de Casimiro Curbelo. 33 votos a favor de la nueva ley, frente a 27 en contra. La portavoz del PSOE en el Pleno para este concreto asunto, la diputada Alemán, recordó que los 27 diputados contrarios a la ley representan más votos ciudadanos que los 33 diputados partidarios de la ley, en un intento claro de deslegitimar la representación política de la minoría que hoy gobierna y de la mayoría que supondría la incorporación del PP al Ejecutivo. En realidad, la ley nace tocada por su politización extrema: en su arranque el Gobierno se había fijado el objetivo de reducir la presión de algunas leyes sobre los procedimientos y trámites, y con el proyecto de Ley del Suelo se trataba de aligerar la maraña que se cierne sobre la ordenación del territorio, el urbanismo y la obtención de licencias. A pesar de que la ley salió directamente de las calderas académicas de Coalición, con escaso concurso de los socialistas, fue muy aplaudida por una aplastante mayoría de las corporaciones locales (islas y ayuntamientos), apoyada con rotundidad por los alcaldes socialistas y fruto incluso de una adenda clarificadora en la reedición del Pacto, además de ser votada conjuntamente por Coalición y por el PSOE en la mayoría de las enmiendas en su trámite de ponencia y comisión. Sin embargo, tal y como se sabía, en su llegada al pleno de ayer, la ley ha sido votada en contra por los socialistas, más interesados en presentarla tácticamente como una ley contraria al interés general, que como el esfuerzo de simplificación de las complejísimas reglas que hoy regulan la gestión del suelo, y que tanto aplaudieron los alcaldes socialistas en las reuniones de la Federación de Municipios de Canarias.
Además de ser la primera legislación sobre el territorio que sale sin consenso, la ley tiene aspectos polémicos, sin duda. Pero entre el disparate de decir -como ha hecho la recién elegida secretaria general de Podemos, Noemí Santana- que permite "levantar edificios en las faldas del Teide", o explicar que se trata de una ley que va a convertir en urbano el suelo rural (también se ha dicho en reuniones de la Plataforma)..., entre esos exabruptos y una razonable preocupación sobre el desarrollo reglamentario de los criterios de evaluación, o sobre el papel reducido de la Cotmac, median un par de abismos.
Con la excepción del PP, que se ha manifestado siempre de acuerdo con los objetivos del proyecto, el resto de la oposición ha preferido presentar la ley como una puerta abierta a la especulación, la depredación del territorio y la construcción desenfrenada. Nada de eso está en la ley, que encaja básicamente en los desarrollos proteccionistas tradicionales a la legislación canaria sobre el suelo. Pero es verdad que se reducen y aligeran algunos de los asfixiantes controles previos, que se deja más margen a los ayuntamientos, y que el Gobierno confió demasiado en que su mayoría inicial y el apoyo del PP convertirían el proyecto en un proyecto suficientemente respaldado.
Su aprobación no cierra el cisma abierto en materia de normativa territorial, entre detractores y defensores del proyecto. Porque lo que aprueba un Gobierno sin consenso puede ser tumbado por otro de signo distinto. Ese es el riesgo principal.