Cincuenta millones de los casi 340 previstos en el crédito extraordinario 2017, ha decidido destinar el Gobierno de Canarias, para seguir financiando la puesta en marcha de la Ley Canaria de Educación y reforzar los equipos de orientación y atención para alumnos con necesidades específicas. Es mucho dinero, y con él se pretende además iniciar las acciones del plan contra la violencia, financiar la formación de los docentes para la enseñanza bilingüe, mejorar tecnologías e infraestructuras y desarrollar el proyecto Enlaza de formación profesional. Se trata, en definitiva, de mejorar la calidad educativa en el Archipiélago. Que ya era hora... Porque Canarias no ha escapado a los recortes educativos que ha venido sufriendo España desde el inicio de la crisis.

Después de ocho años de apretar el cinturón hasta la asfixia, el gasto en educación se ha reducido casi un veinte por ciento en los últimos años. La cifra oficial es del 14,8 por ciento, pero a eso hay que añadirle los recortes del Programa de Estabilidad entre 2013 y 2016, que suman dos mil millones adicionales a los 9.000 reducidos reducidos en los presupuestos. España ha pasado, pues, de gastar 54.000 millones en sus escuelas a gastar 43.000. Pero las cifras son sólo eso, cifras. Detrás de ellas lo que hay es un deterioro creciente de todo el sistema, niños peor atendidos, resultados educativos deficientes, colegios deteriorados, programas que no se cumplen y un personal docente desmotivado y a veces enfurecido, que observa incapaz de hacer nada, como el sistema educativo público se aleja cada vez más rápidamente de las cifras de resultado de los sistemas concertados y privados. Y esto no se acaba: en los próximos años, de acuerdo con el Programa de Estabilidad, habrá que reducir otros dos mil millones, y nadie sabe cuándo va a parar esto.

En Canarias, se ha intentado durante los años más duros evitar que los recortes llevaran el sistema educativo a la catástrofe. Primero se hizo un extraordinario esfuerzo durante toda la pasada legislatura, para evitar recortes salvajes. Se aplicaron medidas paliativas, decisiones certeras como la apertura de los colegios en verano -con la excusa de ofrecer estudios de inglés y la intención de mantener una adecuada ingesta de calorías diarias por los chicos más desfavorecidos- pero todas esas decisiones sólo fueron parches contra una tendencia imparable a la restricción. Es lo que ha ocurrido en una región que precisa de un esfuerzo formativo mayor que la media. De estos asuntos, vitales para el desarrollo de una sociedad capaz de superar sus carencias, una sociedad que logre reducir la brecha creciente entre ricos y pobres, una sociedad más preparada y más culta, no se habla mucho en el Parlamento ni en el debate público. Porque el Parlamento y el debate público hoy lo monopolizan los cuadros que ofenden a sus señorías, las trapisondas de nuestra política de andar por casa y la moda ''casual'' de Noemí Santana, mientras Canarias camina en dirección al fracaso de sus políticas educativas.

No es sólo un problema de recursos, lo es también de quiebra de valores familiares, de ausencia de continuidad en los proyectos educativos, de desinterés de muchísimas familias por la educación que reciben sus hijos, de desmotivación de profesores y responsables educativos y de quiebra de los códigos de esfuerzo y sacrificio que definen a los docentes. No todos los problemas se arreglan con más recursos. Aunque es verdad que sin ellos se agravan.