La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) trasladó ayer a los Grupos Parlamentarios del PSOE y Podemos la necesidad de que la Cámara autonómica aborde formalmente el desalojo, por orden judicial, de 39 familias (un centenar de personas) realizado el martes en La Jurada, de San Isidro (Granadilla de Abona). Las mismos ocupaban un edificio de 41 viviendas propiedad del Banco Santander.
En ese marco, la PAH trata de que el Gobierno de Canarias informe de las medidas que piensa adoptar para abordar la problemática de los desahucios "que cada semana afectan a los canarios", porque "son personas que son desalojadas sin solución habitacional alternativa". Desde la PAH se recuerda que eso ocurre mientras el Ejecutivo regional lleva años prometiendo un parque de viviendas sociales.