El proceso de actualización de la concertación social en Canarias -el foro en el que Gobierno, sindicatos y patronal negocian políticas laborales y sociales- ha completado su fase inicial y, tras el verano, enfilará hacia la adopción de los primeros acuerdos. Al menos, esa es la intención de las organizaciones sindicales y empresariales, que prevén dejar a un lado por el momento todos aquellos asuntos en los que no coinciden para plasmar un documento que recoja los puntos en los que sí hay consenso.
Entre estos aspectos que pueden ser objeto de acuerdo figura la necesidad de que las políticas activas de empleo cuenten con una coordinación regional. Esto obligaría al Ejecutivo autonómico a rectificar el enfoque con el que ha lanzado el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), motivo de polémica, precisamente, por la decisión de atribuir a los cabildos la gestión de estas políticas.
"El Gobierno debe definir qué visión tiene de las políticas activas de empleo", expone el secretario general de UGT en el Archipiélago, Gustavo Santana, para quien solo la concertación social ofrece "garantías" de que estas actuaciones en materia laboral se acometan con un "criterio regional". La alternativa para el Ejecutivo es, según el dirigente sindical, "llegar a acuerdos cabildo por cabildo", una opción que considera "legítima", pero que, a su juicio, "rompe los criterios de la cohesión social y territorial".
Santana pone fecha a la firma de este primer acuerdo: noviembre. La premura tiene que ver con la necesidad de que las medidas que se contengan en el documento dispongan de financiación en los próximos presupuestos.
Su homólogo de Comisiones Obreras, Inocencio González -elegido secretario general en el congreso que el sindicato celebró el pasado mayo-, coincide con la necesidad de dar un giro al Fdcan. "La vía por la que se ha ido hasta ahora no es la vía por la que nosotros apostamos", indica. La fecha de noviembre también le parece razonable. "Hay que tener en cuenta que "algunos acuerdos tendrán que financiarse necesariamente con presupuesto plurianual", dice el nuevo máximo dirigente de CCOO en las Islas.
Por parte de los empresarios de la provincia, el secretario general de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares -también recién "aterrizado" en el cargo, que asumió a principios de junio-, se pronuncia con prudencia, pero deja ver también la postura de la patronal de poner todas las políticas activas de empleo bajo coordinación de la Comunidad Autónoma. "Entendemos que deben estar territorializadas y administradas, como hasta ahora, por el Gobierno de Canarias", apunta.
Respecto a los plazos, Bezares coincide en la conveniencia de alcanzar un acuerdo antes de final de año y con el tiempo suficiente para dotar las medidas acordadas de financiación. "Si no lo hacemos en el momento adecuado, luego nos podemos encontrar con que no tenemos posibilidades de ejecutarlas", advierte.
La "hoja de ruta" de la concertación social está marcada por sindicatos y patronal en el acuerdo bipartito donde recogían las líneas generales en las que ambas partes pretenden trabajar a lo largo del proceso. Ya allí se hacía una referencia negativa a la "dispersión" de las políticas activas de empleo. Para el secretario general de UGT, dejar su gestión en manos de los cabildos equivale a que los representantes de los trabajadores y los empleadores desconozcan "lo que está sucediendo con su ejecución".
En cuanto a los asuntos que quedarán fuera del primer acuerdo que las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y empresariales (CEOE-Tenerife y la CCE de Las Palmas) aspiran a suscribir en noviembre, unos y otros tienen una visión diferente. Eduardo Bezares prefiere ser optimista: "Esperemos que sean muchos más los puntos en los que hay acuerdo que los que no". El representante de los empresarios desgrana algunas las propuestas aportadas por la patronal: mejora y desarrollo de infraestructuras estratégicas, medidas en materia tributaria, plan de actuación contra la economía sumergida -donde ve "buenas intenciones", pero también "cierta inacción" por parte del Gobierno-, un observatorio del absentismo, mejora de la empleabilidad como medio para la protección social, aunque sin excluir ayudas para los colectivos de más difícil inserción...
En dos de esas materias -la economía irregular y el absentismo- los sindicatos tienen, por ahora, menos esperanzas, por lo que pronostican que habrá que aplazarlas para un acuerdo posterior. El líder de CCOO en las Islas se muestra contrario a que se relacionen ambos fenómenos y a que, en el caso de las faltas al trabajo, se "culpabilice" al sistema público sanitario, al tiempo que aboga por la "concienciación" para reducir la economía sumergida. Por su parte, el secretario general de UGT opina que parte de los empleos irregulares se deben al "fraude en la contratación", mientras que, en lugar de absentismo, prefiere hablar de "presentismo", al que están forzados los trabajadores que acuden enfermos a su puesto ante la amenaza de despido.