La Sección Sexta de la Audiencia Provincial apartó ayer a la Gerencia de Urbanismo del caso Siliuto después de que el fiscal, representado por Jonay Socas, planteara una cuestión previa al inicio del juicio oral sobre la nulidad parcial, a la que se adhirió la acción popular que ejerce IU y representa José Pérez Ventura.

El fiscal advirtió de que "en nuestro sistema procesal un mismo sujeto no puede ostentar al mismo tiempo una posición activa y pasiva. Dicho en otros términos, no cabe, ni resulta admisible, una versatilidad procesal que permita a un mismo sujeto ser demandante y demandado; acusador y acusado; actor civil y responsable civil subsidiario". Así ocurría hasta ayer, pues el ayuntamiento figuraba como actor civil y la Gerencia de Urbanismo, como responsable civil subsidiario. De ser condenado a pagar, la Gerencia tendría que haber indemnizado a su ayuntamiento.

Este asunto fue abordado nada más iniciarse la vista en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. Una vez comunicó la magistrada Esmeralda Casado dicha incompatibilidad, abandonó la sala el abogado de la Gerencia de Urbanismo.

Luego llegaron otras cuestiones previas que llevaron al tribunal a anunciar un receso de 40 minutos, que se prolongó durante poco más de hora y media.

La defensa de los exediles Norberto Plasencia y Manuel Parejo solicitaron que se les permitiera a sus clientes ausentarse de la sala durante los interrogatorios a los testigos y peritos: por ahorrar dinero a las arcas públicas. La Sala recordó que la normativa no lo permite cuando se piden más de dos años de cárcel.

Cayó en saco roto la petición de la defensa de apartar a la acusación popular por carecer de un poder específico de IU para la vista. Los magistrados consideran acreditado el interés general. Eso sí, IU tendrá que pagar en tres días 2.000 euros de fianza -podría oscilar entre 1.500 y 3.000- para continuar en la causa. A la espera de que se culmine este trámite, el juicio se retomará el martes 11.

La Sala deberá dilucidar si existió malversación de caudales públicos en la compraventa de la casa Siliuto. En 1998 comenzaron los contactos. En septiembre de 2002 los dueños presentaron una oferta por 612.000 euros, según su tasación. Otra valoración de Tinsa lo elevó a 706.000 euros, y los técnicos municipales lo fijaron en 332.000. Finalmente, Urbanismo pagó 612.777. Investigan por este asunto a Plasencia y a Reyes. Y también por un segundo delito: la Acusación Popular implica a Parejo porque Urbanismo asumió el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, por 10.946,06 euros.