Sucesos

Una pistola, un coche, móviles y gasolina

La mujer cubana detenida por la muerte de Raimundo Toledo compró una pistola, un coche y móviles meses antes del suceso, pero horas después del hallazgo del cuerpo quiso despistar a los investigadores.
Pedro Fumero
10/jul/17 6:09 AM
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Una pistola, un coche, móviles y gasolina

El escrito de calificación provisional de la Fiscalía sobre la muerte violenta en diciembre de 2015 del empresario granadillero Raimundo Toledo, vecino de Santa Cruz de Tenerife, destaca el papel desempeñado en el caso por la mujer cubana Sandra P., de 42 años, pareja sentimental de un sobrino y socio de la víctima. Esta acusada, a la vez, mantenía una relación íntima con otro de los detenidos por este asunto, un cubano de 40 años, Alexander R.R., en el momento en que ocurrió el trágico suceso.

El fiscal recuerda que el sobrino del empresario tenía una participación en la sociedad que explota la gasolinera T-Gas de la carretera de El Médano. Además, el sobrino de Toledo contaba con un 20 por ciento en otra empresa donde el resto del capital correspondía a Raimundo y sus hijos.

Siempre según el Ministerio Público, Sandra P. presuntamente supo de los elevados volúmenes de facturación de dichas sociedades y de la venta de unos terrenos por valor de más de un millón de euros en el plan parcial de La Jurada (al este de San Isidro y junto a la autopista del Sur) para la instalación de un restaurante de comida rápida de una conocida franquicia. Una parte de ese dinero por la venta de suelo correspondía indirectamente al sobrino del empresario. Este familiar de Raimundo y pareja de Sandra tenía mucho interés en dejar de ser socio de las citadas sociedades, con el objetivo de percibir el dinero en efectivo por su participación, así como bienes inmuebles, según recoge la Fiscalía en el citado documento.

Pero su tío, que era conocedor de su adicción a las drogas, se resistió durante algún tiempo a dicha medida, para protegerle e impedir, dentro de sus posibilidades, que dilapidara su patrimonio. Por eso, el sobrino cada mes recibía una cantidad de dinero digna, como si trabajara en la gasolinera, aunque no hiciera labor alguna, según los datos manejados por el Ministerio Público. La elevada hipoteca sobre algunas propiedades inmobiliarias también bloqueaba la salida del sobrino de las sociedades. Y la venta del terreno en La Jurada despejaba ese obstáculo. La Fiscalía considera que Sandra P. decidió la "eliminación" del empresario y le encargó al otro cubano acusado, Alexander, que vigilara a Raimundo. Dicha mujer compró en agosto de 2015 una pistola. Y en octubre, dos meses antes del suceso, adquirió un coche, un Seat Toledo, que siempre utilizaba Alexander. Sandra no lo pudo poner a nombre de este porque estaba en situación irregular en España. Dicho vehículo, con la referida pistola en su interior, fue intervenido por la Policía Nacional frente a la casa de Raimundo Toledo en el centro de la capital tinerfeña poco después del secuestro del empresario. Otro elemento clave para la investigación es que, en octubre de 2015, Sandra y Alexander compraron y empezaron a utilizar nuevos móviles, con tarjetas a nombres de otras personas, para ocultar su identidad, según la Fiscalía. Además, ambos contactaron con Diego Claudio, un sudamericano nacido en Australia, que presuntamente aceptó participar en el proceso delictivo a cambio de dinero. Los investigadores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que llevaron el caso supieron que Alexander y Diego Claudio vigilaron a Raimundo Toledo en la gasolinera y en su domicilio los días 19 de noviembre, 7 de diciembre y 9 de diciembre. Los profesionales de ambos cuerpos de seguridad (Unidad Orgánica de Policía Judicial del Instituto Armado y Grupo de Homicidios de la Policía) detectaron contactos entre Sandra y Alexander y Alexander y Diego Claudio para concretar reuniones para planificar el "golpe". Tales encuentros ocurrieron los días 13 de diciembre, en Cabo Blanco (Arona), y el mismo 15 de diciembre en San Isidro (Granadilla).

Los agentes consideran que ambos individuos vigilaron el acceso a la casa de la víctima durante unas cuatro horas, desde las 15:20 horas hasta las 19:30 del 15 de diciembre (día de los hechos). En ese tiempo un agente de la Unipol de Santa Cruz, que esperaba por su novia, habló con ambos, sobre todo con Alexander, en la calle donde vivía Raimundo. El cubano se quedó impresionado con la corpulencia y musculatura del policía local.

La comunicación de ambos varones con Sandra P. existió durante la vigilancia y tras la detención ilegal de Raimundo. En la noche de los hechos, al menos Alexander y Sandra siguieron una misma ruta desde San Isidro hasta un lugar próximo a Cabo Blanco, donde presuntamente la mujer entregó a Alexander un recipiente con gasolina. Ese combustible presuntamente se usó para incendiar el Honda CRV con el cadáver de Toledo en su interior, que fue seguidamente lanzado por una ladera de la montaña de La Centinela, en San Miguel de Abona.

Horas después del hallazgo del cuerpo, en la mañana del 16 de diciembre, Sandra P. acudió hasta la Policía Local de Granadilla para presentar una denuncia por el robo del Seat Toledo que desde la noche anterior estaba precintado en la Comisaría de Tres de Mayo en Santa Cruz. Para intentar recuperar ese automóvil, hubo dos desplazamientos desde el Sur de Tenerife hasta la capital tinerfeña. En uno, Diego Claudio convenció a un hombre para que lo llevara a Santa Cruz a recuperar el Seat, pero cuando llegaron ya los agentes estaban en torno al mismo y no pudieron recuperarlo. En el segundo viaje fueron Alexander y el conductor, que percibió en total 200 euros, pero ya entonces el turismo no estaba donde lo habían dejado. Dicho conductor se negó a hacer un tercer desplazamiento a la capital. Por ahora a dicho conductor se le ha retirado la imputación por delito alguno. También el día 16, Sandra, Alexander y Diego Claudio dejaron de utilizar sus teléfonos y comenzaron a usar otros números. Sandra y Alexander cortaron las comunicaciones directas y hablaban a través de la hija de ella. Fue dicha joven la que presuntamente llevó el dinero a Alexander a El Fraile para que se comprara un billete con el que viajó hasta Madrid. Según la Fiscalía, Sandra, Alexander y Diego serían responsables criminalmente de detención ilegal, homicidio o asesinato, robo con violencia de un vehículo, daños por incendio y tenencia ilícita de armas. A Sandra, el fiscal la acusa de simulación de delito (por la denuncia falsa del robo de coche). Y a la hija de esta se le atribuye un delito de encubrimiento.