El PSOE y la coalición de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se han mostrado hoy contrarios a una senda de consolidación fiscal y a un techo de gasto que no traerán consigo ninguna actuación sobre los ingresos, que a juicio de ambos grupos es el principal problema de las finanzas públicas españolas.

Durante el debate en el Congreso ambos grupos han recordado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha sido reprobado por la cámara tras las anulación de la amnistía fiscal de 2012 por parte del Constitucional, una cuestión que el portavoz del PSOE, Pedro Saura, ha esgrimido como una de las razones de su voto en contra de los objetivos de déficit para 2018-2020 y el límite de gasto.

Saura ha explicado que el pasado mes de diciembre votaron a favor del techo de gasto de 2017 porque conllevaba medidas para mejorar los ingresos a través del impuesto de sociedades, mientras que el ajuste para 2018 se hace por el lado de los gastos, al tiempo que se vuelve a poner un parche sobre el IRPF, en lugar de acometer una reforma en profundidad del sistema fiscal que lo haga más justo.

Para el portavoz de Podemos, Alberto Montero, en el debate de hoy hay un error de concepto, puesto que se habla de techo de gasto cuando se debería debatir cómo revertir los recortes realizados desde 2011 y cómo garantizar una base sólida de ingresos para sostener el Estado del bienestar.

"Usted la política presupuestaria se la pasa por el forro" le ha espetado un Montero que ha insistido en que no se puede empezar un presupuesto por el techo del mismo modo que una casa no se comienza por el tejado.

El portavoz de IU, Alberto Garzón, ha incidido en que la rebaja del IRPF pactada con Ciudadanos implica "poner un poquito de dinero al contribuyente en el bolsillo izquierdo y quitárselo a mansalva en del derecho", porque lo que ganan en ingresos lo pierden en Estado del bienestar.

El portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, ha criticado que Unidos Podemos no apoye un techo de gasto que conllevará una rebaja fiscal para "mileuristas" y para familias con rentas más vulnerables y ha lamentado que lo consideren "regresivo".

Roldán también ha afirmado que el PSOE sólo ha logrado ser "irrelevante" ya que "no ha conseguido nada" como sí ha exigido Ciudadanos al Gobierno con el complemento salarial, la Ley de Autónomos o el cheque formación.

Desde ERC, la diputada Ester Capella ha afirmado que el techo de gasto y los objetivos de déficit y de deuda son "injustos a nivel social y territorial" y ha denunciado una "vergonzante deslealtad institucional" porque "impone ajustes a las autonomías, que están además mal financiadas".

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha incido en que su formación apoya la nueva senda fiscal porque da un "poco más de respiro" a las autonomías, aunque ha pedido un nivel de déficit diferenciado por comunidades autónomas.

También ha expresado la necesidad de políticas económicas que recuperen la recaudación y mejoren los ingresos y ha criticado que la regla de gasto limite las facilidades de gasto de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Desde el grupo Mixto, el diputado del PDeCAT Ferran Bel ha reiterado que no apoyarán los objetivos de déficit porque hay una mala distribución y son "para que el ajuste lo asuman estrictamente las comunidades autónomas".

El diputado de Compromís Ignasi Candela ha lamentado que Valencia sea la autonomía "peor financiada" y la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha criticado que el Estado se siga reservando la mayor parte del déficit, mientras que el diputado de UPN Carlos Salvador ha considerado los objetivos beneficiosos para Navarra.

Isidro Martínez- Oblanca de Foro Asturias ha recordado que en los presupuestos de 2018 habrá una continuidad de las políticas favorables para su comunidad que se pactaron en las cuentas de 2017, en tanto que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas ha apoyado este nuevo programa por la necesidad de que los Ayuntamientos puedan reinvertir el superávit en gasto social.

El representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que se abstiene en la votación, ha valorado que el aumento de la décima en el déficit de las CCAA sean 1.000 millones de euros más que suponen "una garantía para poder mantener sus políticas de gasto social".