Javier Sierra, dueño de varias tiendas de teléfonos móviles de la compañía Vodafone, declaró ayer en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial que la venta ilegal de 174 terminales de gama alta dio lugar a la quiebra de la sociedad. Indicó que tuvo que contratar a un detective para descubrir por qué no cuadraban las cuentas y si eran ciertas las denuncias de una trabajadora que había visto móviles con facturas de la operadora anunciados en internet.
Los hechos ocurrieron en el comercio del que era dueño en Alcampo La Laguna. El empresario dijo que, desde hacía tiempo, "me di cuenta de que aunque vendíamos mucho al final siempre faltaba dinero". Y se confirmó que en una página de la red aparecían terminales de la tienda. En su momento presentó una demanda en el juzgado de lo social en el que se sentenció que una extrabajadora, E.M.M.A., debía pagarle 100.200 euros, por ser responsable de los hechos.
En la vía penal, Sierra reclama para esta y a la persona a la que vendía los móviles para luego ofertarlos en internet, R.C.B.T., la devolución del perjuicio económico supuestamente causado y cinco años de cárcel para cada una. El fiscal rebajó su petición inicial para la exempleada a un año y medio de cárcel, frente a los tres años y medio que solicitaba inicialmente, y mantuvo los dos para la otra acusada; aparte de devolver la cantidad supuestamente defraudada. La extrabajadora ha devuelto unos 200 euros. Sierra dijo que se vio obligado a realizar una póliza de 200.000 euros para poder pagar al operador telefónico.
E.M.M.A. admitió los hechos y dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para reintegrar el dinero. "No me importa limpiar escaleras o lo que sea. Admito mi culpa y voy a pagar lo que me digan por el error que he cometido. Como si me quieren cobrar la nómina entera", señaló entre lágrimas. Indica que conoció a la otra acusada porque en una ocasión quiso comprar un móvil a través de internet y que fue entonces cuando esta le comentó "cuál era su negocio". O lo que es lo mismo, supuestamente, adquiría terminales de gama alta valorados en hasta 700 euros por la mitad de su valor y luego los revendía en la red.
Varias veces a la semana, ella o algún familiar suyo acudía a la tienda y pagaba el dinero acordado. Según indicó, la otra acusada le explicó cómo tenía que hacer las facturas para que las cuentas, en apariencia, cuadraran. Además, aseguró que esta era una práctica habitual que llevaban a cabo otros trabajadores de la misma empresa, hasta el punto de que las entregas y los cobros se hacían a la vista de todos los operarios.
La otra procesada aseguró que fue la otra acusada la que contactó con ella para ofrecerle la venta de móviles, después de ver el anuncio que puso en internet.
De otros clientes
La vendedora en la red dijo que la otra acusada siempre le aseguró que los terminales eran de antiguos clientes que los habrían obtenido por el cambio de puntos. Señaló que, en total, no adquirió más de 15 teléfonos, perfectamente embalados y en perfectas condiciones, y las ganancias ascendían a unos 30 o 50 euros por móvil. Una vez uno de los productos estaba en mal estado, el cliente se quejó y lo cambiaron sobre la marcha.