Ciudadanos busca un acuerdo con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y con el PP para cambiar el actual índice de revalorización de las pensiones (IRP) con el fin de que no haya pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y se pueda mantener a la vez el equilibrio financiero del sistema.

La Comisión del Pacto de Toledo no ha cerrado todavía un acuerdo sobre las recomendaciones primera y segunda referidas a la separación de fuentes de financiación y a la revalorización de las pensiones, que volverán a ser debatidas en septiembre.

El gran escollo está en el IRP en el que PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y Compromís insisten en su derogación para volver a vincular el alza de las pensiones al IPC y que puedan revalorizarse más del 0,25 % que señala el actual indicador.

Ciudadanos y el PP están abiertos a modificar los parámetros del índice para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación, pero insisten en que debe garantizar el equilibrio financiero del sistema.

El portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha señalado a EFE que su formación propondrá este mes a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y al secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, diferentes alternativas que puedan debatirse en el marco de la comisión del Congreso.

Del Campo alerta de que en 2017 los pensionistas perderán poder adquisitivo, con una inflación que ronda el 1,5 % interanual y confía en que "al final se pueda modificar el IRP" y sin tener que "derogar" ninguna reforma de las pensiones.

También, la portavoz popular del Pacto de Toledo, Carolina España, señala a EFE la disposición de su partido de buscar alternativas dentro del consenso y resalta la importancia de definir bien la separación de las fuentes de financiación porque ello traerá más ingresos al sistema y mayores posibilidades de revalorización.

"Las dos recomendaciones están vinculadas", incide España al tiempo que insiste en que están "abiertos a estudiar diferentes alternativas".

Recuerda, no obstante, que la mayoría de los países europeos no vinculan la revalorización de la pensión al IPC sino a otros parámetros como la evolución de la economía o de los salarios.

Lo cierto es que en la separación de fuentes hay consenso parlamentario para que las bonificaciones y reducciones, como las tarifas planas, se financien con presupuestos, lo que supondría un alivio de unos 2.500 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social.

También se muestran a favor de que los gastos de funcionamiento y gestión de la Seguridad Social, unos 4.000 millones de euros, salgan de la financiación del sistema y vayan a presupuestos.

En este sentido, la subdirectora general de Planificación y Análisis Económico-Financiero de la Seguridad Social, María Teresa Quílez, ha desglosado esta semana los gastos de funcionamiento y gestión de la Seguridad Social.

Ha explicado que de los 4.000 millones de euros estimados una gran parte corresponde a las Mutuas o al INSERSO por lo que serían unos 1.1000 millones los gastos de personal o inversiones que pudieran salir de la financiación del sistema.