La Comisión Europea (CE) dio ayer un ultimátum a España por no establecer ni revisar los planes de gestión de residuos en algunas regiones y amenazó con llevar el asunto ante la Justicia europea si las autoridades nacionales no toman medidas para corregir la situación.

Bruselas envió a las autoridades españolas un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción, y recordó a España que tiene dos meses para actuar. La CE recordó que hasta la fecha faltan los planes de gestión de residuos de Baleares, las islas Canarias, Madrid y de Ceuta.

Además, Aragón y Cataluña "deberían revisar sus planes de gestión de residuos, ya que los adoptaron hace más de seis años", indicó la Comisión Europea en un comunicado. Los planes de gestión de residuos tienen por objetivo reducir el impacto de la generación y gestión de los residuos sobre la salud y el medio ambiente y para mejorar la eficiencia de los recursos. Los Estados miembros deben reevaluar sus planes de gestión de residuos al menos cada seis años y revisarlos según corresponda.

La Comisión ha puesto en marcha procedimientos de infracción contra siete Estados miembros, entre ellos España.

El plan de gestión de residuos español se revisó en 2015 para adaptarlo a los nuevos requisitos de la Directiva marco sobre residuos.

No obstante, dado que las Comunidades Autónomas tienen la competencia principal en este ámbito, según la legislación española deben adoptar sus propios planes de gestión de residuos.

Puesto que no todas ellas han adoptado un proyecto válido, la Comisión envió una carta de emplazamiento en noviembre de 2016 pidiendo a España que adoptara las disposiciones necesarias en esta materia.

La Comisión Europea (CE) también dio ayer dos meses a España para reducir el uso de bolsas de plástico ligeras y amenazó con llevarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si no cumple. Según precisó el Ejecutivo comunitario, los Estados miembros tenían de plazo hasta el 27 de noviembre del año pasado para incorporar a sus ordenamientos jurídicos la directiva sobre bolsas de plástico de 2015.

España dispondrá de dos meses para transponer la norma comunitaria y si no lo hace la Comisión puede llevarla ante el Tribunal de Justicia europeo.

Los gobiernos nacionales pueden elegir entre un catálogo de varias medidas, como poner un precio a las bolsas de plástico ligeras o establecer objetivos nacionales de reducción.