La Fiscalía ha rebajado de los iniciales 92.000 euros a apenas 1.052 la cantidad supuestamente apropiada por parte de la exempleada del Registro de la Propiedad de Puerto de la Cruz M.D.P.D., acusada también de falsedad en documento público. Igualmente, reduce la pena de prisión de cuatro a dos años.

Sin embargo, la representación de la compañía de seguros que tuvo que desembolsar 92.000 euros para compensar los desfases que se registraron en las cuentas exige la devolución del total de la mencionada cifra.

Durante el juicio que acabó ayer, la exempleada negó de forma rotunda haberse apropiado de dinero o que modificase documentos oficiales. La Fiscalía justificó su cambio de calificación en las declaraciones contradictorias de los testigos y falta de pruebas concluyentes.

La Fiscalía se basa en las declaraciones contradictorias de los testigos y la falta de pruebas sólidas

En la sesión anterior, que se desarrolló el pasado lunes, compañeros de trabajo de la procesada dijeron que fue responsable de caja entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007. Momentos en los que supuestamente desaparecieron las cantidades luego denunciadas.

Sin embargo, durante su declaración la procesada indicó que apenas había desempeñado estas funciones durante seis meses, antes de ser despedida.

El Colegio de Registradores tenía concertado con una aseguradora una póliza para cubrir robos en virtud de la cual esta entidad otorgó la indemnización de casi 92.000 euros.

En su denuncia inicial, la Fiscalía apuntaba que la acusada cambiaba los borradores de las facturas que se le entregaban a los clientes y que por otro lado no había constancia de diversos servicios prestados, a pesar de que fueron efectuados y despachados por el Registro.