La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) condenó a Domingo P.H., conocido como Biter, a pagar un millón de euros, cumplir dos años de cárcel y hacer frente a una multa de 2.200 euros al considerar probado que fue el autor del fuego que en el año 2012 arrasó 2.000 hectáreas en el municipio palmero de Mazo.

El Alto tribunal ratifica así el fallo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el que se relata que, en el transcurso de la mañana del 4 de agosto, el mencionado vecino llevó a cabo labores ganaderas en dos parcelas situadas en La Sabina.

En aquel momento, el autor de los hechos arrojó al suelo las colillas de los cigarrillos que fumaba sin haberlos apagado previamente.

Primero originó un incendio en una parcela conocida como El Rincón, aunque logró apagarlo.

Sin embargo, posteriormente, y por el mismo motivo, llevó a cabo la combustión de pasto seco, esta vez en el paraje llamado La Morisca.

El vecino ante el Tribunal Supremo alegó que se había encontrado el primer conato activo y que logró extinguirlo usando cántaras de agua de 25 litros y que después vio una intensa humareda en el segundo de los emplazamientos.

Sin embargo, las pruebas periciales llevadas a cabo demostraron que en este último lugar se encontraron colillas con su perfil genético (ADN).

El fuego no se dio por controlado hasta el día 8 de agosto y afectó a casi mil hectáreas del espacio natural protegido del Parque Natural Cumbre Vieja

Debido al rápido avance del incendio, motivado por las condiciones del viento y la alta inflamabilidad de los combustibles, se procedió al corte de cuatro carreteras y tuvieron que ser desalojadas 400 personas de los núcleos de La Sabina, Tiguerorte y Montes de Luna.

Por todo ello, Domingo P.H. tendrá que hacer frente a los gastos derivados de la extinción del incendio, que se cifran en 553.905 euros, y los costes de selvicultura de la zona quemada, acondicionamiento de pistas forestales y otras acciones que ascienden a 473.800 euros.

En su momento, esas cantidades fueron sufragadas por el Cabildo de La Palma.

Igualmente, el procesado tendrá que abonar los costes de la participación de la Unidad Militar de Emergencias que tiene su base en la zona de Los Rodeos (Tenerife), cifrados en 18.186 euros. También está condenado a sufragar los perjuicios ocasionados en parcelas de titularidad privada, por pérdidas ganaderas y forestales.