Con la presencia de cinco agentes de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) en la puerta, el área de Infraestructura del Ayuntamiento de Santa Cruz sorteó ayer, por segunda vez, los once puestos para autobares en la playa de Las Teresitas, en esta ocasión entre denuncias de irregularidades.

Las hizo públicas el expresidente de la asociación de quiosqueros, Antonio López, quien se quejó, por un lado, de las amenazas que, según él, ha recibido por parte de otros empresarios de la playa chicharrera, y, por otro, del realquiler de puestos entre conocidos. De ellas se había hecho eco ya este periódico en su edición de ayer.

"No he montado por las amenazas; hay una mafia metida", se quejó López, sin mucho éxito, en varias ocasiones, al tiempo que incidió en que "hay señores que hacen doble negocio; nunca han trabajado el quiosco".

La reiteración en sus argumentos y diversas interrupciones llevaron al concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz Estébanez, a llamarle la atención hasta en tres ocasiones. Y en la última le advirtió: "Como me vuelva a interrumpir le pido a la fuerza pública que se lo lleve. Si ha sufrido coacciones, acuda a la Policía". Ahí acabó casi toda la polémica y comenzó el sorteo puro.

La distribución de puestos volvió a sonreír a casi todos los propietarios de los chiringuitos "de toda la vida" de Las Teresitas (Sevilla, Internacional, Carmelo, Lucas). Algunos, incluso, por partida triple, como en el caso del Lucas, al que le tocaron tres ubicaciones.

Otra cosa es cómo se distribuyan a partir de ahora, pues los adjudicatarios pueden renunciar al puesto logrado, de lo que se beneficiaría el siguiente en la lista. Según aclaró el concejal, los afortunados ayer tienen tres días para presentar por escrito la aceptación y el orden de preferencia. En el anterior sorteo hubo acuerdo entre las partes.

Cabe precisar que el permiso obtenido ahora les permitirá abrir desde el 11 de agosto hasta el 10 de octubre durante seis días a la semana.

Ya en los pasillos, algunos de los acusados por Antonio López rechazaron sus argumentos y criticaron su actitud. "Entre nosotros no tenemos problemas. Es él el que está peleado con el mundo", indicó uno de ellos.

En la misma línea, defendieron que es "totalmente legal" el alquiler de autobares, por los que se suele pagar en torno a 1.000 euros al mes -incluido el mantenimiento-, y se quejaron de que el propio López haya tenido vacío el puesto que le tocó en mayo, negando así la posibilidad a otra persona "que podría tener necesidades".

Díaz Estébanez indicó al respecto que esta situación podría ser denunciable, bien por parte de un particular, bien de oficio por parte del propio consistorio.