El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma tiene una deuda con sus cuatro grupos políticos municipales de unos 160.000 euros, sin que las tres formaciones con mayor representación hayan cobrado ni un euro de la actual legislatura, impagos significativos que también afectan al minoritario.

El Pleno capitalino acordó en marzo de 2012 una asignación económica para cada grupo de 576 euros al mes, a los que sumar otros 288 por cada concejal, con el objetivo de que puedan proveerse de los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de su función.

Es un dinero que los grupos utilizan para su labor diaria. Ningún edil usa su asignación para bien propio ni el ayuntamiento transfiere los pagos, cuando los hace, a una cuenta particular sino que, al contrario, se recibe en beneficio del colectivo al que pertenecen; es decir, cubre desde el pago de folios o fotocopias hasta la organización de actos o incluso la compra de equipos informáticos con los que poder desarrollar su labor. Cada gasto está reglado y debe estar justificado.

La concejal de Nueva Canarias, Maeve Sanjuán, recordó en sesión plenaria que para el funcionamiento de su grupo (el mixto junto a Ciudadanos) o al menos de su partido era clave recibir estos fondos, aunque en este caso sí cobró los primeros meses de legislatura. El alcalde, Sergio Matos, advirtió de que en el caso del Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria "no hemos cobrado nada de esta legislatura".

El ayuntamiento acumula su mayor deuda con el Partido Socialista, al tener un mayor número de concejales (6), por más de 55.000 euros, mientras que al Partido Popular, con un edil menos, el impago supera los 48.000 euros. Por su parte, Coalición Canaria debe recibir cerca de 35.000 euros. Por tanto, solo entre los tres con mayor representación ya superan los 137.000 euros.

El grupo mixto es más complejo de calcular, ya que cobró hasta diciembre de 2015 y, además, primero tenía derecho a retribuciones por tres concejales (Cs, NC e IUC) y luego por dos tras la expulsión de Ermetes Brito, de Izquierda Unida Canaria, estando ahora como edil no adscrito. Es más, en este caso, entre Maeve Sanjuán y Juan Arturo San Gil existen diferencias sobre qué gastos están o no justificados. Pese a esa falta de concreción, la cifra global aproximada está por los 160.000 euros.