El presidente de la Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, sufrió ayer una de las acometidas más duras e intensas que se recuerdan en años en el Parlamento y, en un intercambio sin tregua con los grupos de la oposición reivindicó la legalidad e independencia de su gestión profesional, y denunció los ataques que, a su juicio, ha recibido sin piedad en los últimos 19 meses, apelando al Parlamento para que, la próxima semana, el Consejo Rector desbloquee la contratación de la señal de la cadena, y se evite que el 1 de septiembre la tele canaria se enfrente al fundido en negro y la radio desaparezca de las ondas.

A petición de PSOE y Podemos, Negrín compareció por enésima vez en la Cámara regional y subrayó que, a diferencia de otros, en relación a integrantes del consejo rector como María Lorenzo (propuesta por los socialistas), siempre ha dado explicaciones en ese recinto, nunca fuera, ni ha obviado o ninguneado las apelaciones y críticas recibidas. Negrín se quejó ante los diputados de las descalificaciones profesionales y personales recibidas durante su gestión, por parte de la oposición, a la que ayer se sumó el Partido Popular, tras el fracaso de las conversaciones parta incorporarse al Gobierno de Fernando Clavijo. Negrín negó en todo momento las acusaciones de actuar contra derecho, o de haber actuado como correa de transmisión del Gobierno.

Frente a estas críticas, se defendió de las acusaciones recibidas en medios de comunicación y en el Parlamento por el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, demostrando que en todo momento ha obrado siempre bajo al amparo de informes jurídicos, y que su decisión de poner en marcha los trámites para sacar el pliego del concurso de los informativos (144 millones) es absolutamente legal e imprescindible, para evitar que el contrato deba en el futuro enfrentarse a prórrogas contrarias a derecho.

Sobre el riesgo de cierre por pérdida de señal, Negrín dijo confiar en que en que el consejo rector que preside apruebe el concurso para renovar la señal la próxima semana y, para ello, apeló directamente al representante del PP en el Consejo, que hasta ahora siempre ha apoyado las posiciones de Negrín. También denunció -con aportación documental- que la representante del PSOE en el consejo ha trabajado para una empresa familiar que en otras ocasiones intentó hacerse con el contrato para la reproducción de la señal de televisión, lo que supone una flagrante incompatibilidad legal de María Lorenzo.

Meladie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera, consideró correctos los informes jurídicos esgrimidos por Negrín (incluido el informe del letrado Martín Orozco, contra el que cargaron los grupos de la oposición), y Guadalupe González Taño, de Coalición Canaria, consideró contradictorio que la oposición acuse a Negrín de haber dejado correr el contrato de la señal y de todo lo contrario -acelerarlo- con el de los informativos. González Taño manifestó su sorpresa por el interés demostrado por alguno de los portavoces de la oposición -en referencia a Román Rodríguez- por este concreto contrato, y acusó a la oposición de intentar bloquear a Negrín para provocar una situación de colapso en la televisión que desgaste al Gobierno. Román Rodríguez pidió la dimisión de Negrín, petición que fue respaldada por el PSOE y Podemos y condicionada a posibles cambios en la ejecutoria del presidente del consejo por la representante del PP, Luz Reverón.

Durante la réplica de Negrín, en la que censuró a Román Rodríguez que le descalificara profesional y personalmente, le acuse de cometer ilegalidades, le culpe de un posible cierre, y exija su dimisión, el representante de Nueva Canarias, visiblemente molesto, decidió levantarse y ausentarse de la sala, siendo seguido por el resto de los diputados de la oposición.