Casi 9 de cada 10 médicos de urgencias hospitalarias admite que la amenaza de demanda judicial condiciona la práctica asistencial, lo que conlleva a un incremento de la "medicina defensiva", entendida como el empleo de procedimientos diagnósticos o terapéuticos para evitar denuncias por mala praxis.

De hecho, el 54,5 % de estos profesionales asegura haber recibido al menos una reclamación y el 23,6 % ha sufrido una denuncia.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio la "Práctica médica en los Servicios de Urgencia Hospitalarios", elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC), en colaboración con las Sociedades Españolas de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) y de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).

Según los datos, recabados mediante cuestionario "online" a 1.449 profesionales, el 91,3 % de los encuestados opina que la presión judicial sobre se ha incrementado considerablemente.

Son los médicos de hospitales privados y de menos de 500 camas los que se muestran más críticos ante este aumento de la presión judicial y de la amenaza de denuncia/demanda.

Así, el perfil del profesional con mayor número de reclamaciones y demandas es el de varón, con más de 50 años, que ejerce en un hospital privado con menos de 500 camas.

El estudio desvela también que el 89,9 % de los profesionales considera que en los servicios de urgencias se realizan pruebas diagnósticas de dudosa utilidad, mientras que un 63 % cree que los tiempos de estancia de los pacientes ya diagnosticados se alargan de forma innecesaria por prevención ante posibles problemas legales.

En cuanto al apoyo institucional y por parte de compañeros, un 88 % de los encuestados no se siente protegido por las estructuras hospitalarias/sanitarias de los problemas legales que pudieran tener con los pacientes y un 79,1 % cree que no tiene el respaldo de la dirección del centro.

Sin embargo, un 67,6 % sí percibe la comprensión y solidaridad del resto de médicos de su servicio.

La falta de herramientas para afrontar este tipo de situaciones es otra de las conclusiones que se extraen del estudio. Así, el 86,7 % reconoce no tener los conocimientos médico-legales suficientes para afrontar la mayoría de los problemas legales que se les presentan.

Asimismo, un 60,6 % se muestra desconocedor de las posibles consecuencias que puede acarrear la denuncia de un paciente.

Por ello, casi la totalidad de los encuestados (96,1 %) abogan por que se potencie la formación médico-legal con el fin de tener una preparación adecuada que les ayude a superar este tipo de situaciones.