"La copia catastral actualizada en el registro -a 31 de julio- demuestra que los terrenos son públicos. Hay una sentencia del TSJC de 2005, ratificada en 2014, que ordena derribar el vallado que rodea el perímetro de la urbanización. Urbanismo ha denegado dos veces a la comunidad la licencia para arreglar y pintar esa valla. Y un documento municipal de 2014 atestigua la naturaleza demanial (dominio público). Pero no hay manera, ahí sigue". Lo asegura Cristo Manuel Medina Morales, uno de los afectados por el que entiende "cerramiento ilegal" en una urbanización de Tío Pino (Ofra).
Suele acudir a cada pleno y espera educada y respetuosamente para hablar con el alcalde o con los concejales.
Desde 1997, Cristo Medina denuncia ese vallado en La Florita, hoy Tijoco Bajo, cuya comunidad "muró su perímetro, privatizó los accesos a la vía pública y convirtió soportales en trasteros", según explica.
Medina es propietario de uno de los doce locales comerciales de la zona. Recuerda que " el 19 de diciembre de 2005 se dictó una sentencia que desestimaba el recurso de la Comunidad contra la resolución de 1999 de la Dirección General de la Vivienda que ordenaba derribar la valla".
Urbanismo, asegura Cristo, "ha denegado dos veces la licencia para arreglarla -aunque en su día otorgó una para su demolición a petición de la propia comunidad que nunca lo llevó a cabo- porque una parte linda con dos solares de la calle Simón Bolívar que son de propiedad municipal"
Desde entonces, Cristo Manuel "peregrina" sin resultado por las administraciones para que "se haga justicia porque nosotros ya estamos arruinados. Ni puede entrar la gente de fuera ni lo hace, como es lógico, la de dentro en una estrategia para hundirnos".
El TSJC remite a la administración que dictó la resolución (Ayuntamiento de Santa Cruz) a cumplir la sentencia. Para los afectados está muy claro: "Se ha privatizado un espacio público".