El Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna (ULL) lleva ya más de un año sin recibir fondos públicos para atender a menores con alguna discapacidad o necesidades educativas específicas. El borrador del nuevo acuerdo que prevén firmar el Servicio Canario de Salud (SCS) y el centro académico -se ha diseñado gracias a la insistencia de familias y profesionales- contempla una partida de 100.000 euros durante 2017 a partir de la fecha de la rúbrica, momento que lleva meses postergándose.

Según el documento, una vez que se firme el acuerdo, las partes deberán poner en marcha un protocolo oficial para que los pediatras deriven a los menores desde los centros de salud, algo que en la práctica ya ocurre, pero de manera oficiosa.

El Aula de Psicomotricidad se quedó sin subvención hace más de doce meses, pero los profesionales que la forman han seguido prestando el servicio. Sin embargo, han tenido que hacerlo a un precio más elevado y no "testimonial", lo que ha obligado a numerosas familias con escasos recursos a prescindir de los tratamientos que recibían sus hijos.

Este servicio empezó a funcionar hace unos 26 años casi por casualidad, pero para cubrir una demanda latente. Tras hacer una tesis que requirió que los docentes e investigadores de la Universidad trabajaran con menores con síndrome de Down, los padres solicitaron que la atención continuara. De esa investigación nació este servicio, que ha estado funcionando con ayudas hasta hace algo más de un año.

Según las cláusulas del documento, el proyecto, que conlleva un trabajo paralelo de investigación, se desarrollará desde la firma de este convenio hasta el 31 de diciembre de 2017. En este espacio de tiempo se pretenden realizar un promedio de 90 evaluaciones y la intervención con 60 menores en sesiones individuales o grupales.

José Juan Gavilán, uno de los padres afectados, advierte de que "es casi imposible que se cumplan los requisitos" que contempla el documento con tan poco margen de tiempo. "El documento debe aprobarlo primero el Consejo de Gobierno de la ULL, algo que previsiblemente no ocurrirá hasta finales de septiembre o octubre", apunta.

El Gobierno de Canarias se comprometió a poner en marcha una red de atención temprana que cubriese las necesidades de estos menores. Los profesionales y los progenitores han denunciado en varias ocasiones que Canarias es la única comunidad donde no existe una red de este tipo.

En los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017 se contempla una dotación de 200.000 euros destinada al plan de Atención Temprana, que "el Gobierno aprobó transferir en su totalidad a la Consejería de Sanidad para atender las líneas de actuación de Atención Temprana".