La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife invertirá algo más de tres millones de euros en la ejecución de medidas contra el riesgo de desprendimientos en varios puntos de la TF-11, más conocida como autovía de San Andrés.

Ayer, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los anuncios de los tres tramos afectados, cuyos proyectos salen ahora a información pública.

Según informó ayer la Autoridad Portuaria, titular del tramo de vía litoral comprendido entre la entrada al Muelle Norte y el Dique del Este, el estudio de riesgos por desprendimientos fue encargado en el año 2013, con el objeto de determinar los riesgos naturales por fenómeno de movimientos de ladera, en particular desprendimientos y arrastres.

El tramo de estudio abarcó desde el barranco de Tahodio hasta la cantera de Los Pasitos, y comprendió, además de los terrenos que son competencia de la Autoridad Portuaria, los ajenos que pueden albergar fenómenos por los que resultar afectados.

La citada vía, según los datos aportados por Puertos de Tenerife, soporta una fuerte intensidad de tráfico, que supera los 10.000 vehículos diarios.

Los tramos de la TF-11 en los que se realizarán las actuaciones son los comprendidos entre los barrios de María Jiménez y Cueva Bermeja, además de la zona de servicios portuarios de este último enclave; el que discurre entre el barranco de Tahodio y el de Valleseco, frente al Centro Superior de Náutica y el Centro Insular de Deportes Marinos; y el que abarca el frente de las instalaciones del antiguo balneario de Santa Cruz. A este último se añaden los taludes y laderas anexas a la zona de servicios portuarios de La Jurada.

En los ámbitos citados las actuaciones previstas contemplan la instalación de protecciones activas (mallas y redes de acero), que actúen como medio de contención en el área fuente de desprendimiento, así como protecciones pasivas (barreras dinámicas y barreras estáticas), que intercepten los posibles fragmentos que pudieran desprenderse en áreas inferiores.

Para la primera de las actuaciones el presupuesto de licitación de las obras asciende a 641.267, sin incluir IGIC, mientras que para las otras dos el presupuesto es de 1.061.906 y 1.503.699 euros, respectivamente.

Las alegaciones a los proyectos citados se podrán presentar durante 30 días hábiles, a partir de la publicación en el BOE. Algunos de los terrenos afectados por las obras son propiedad del Ministerio de Defensa, mientras que el resto son de particulares.